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Con júbilo celebraron algunos habitantes de Jericó, un pequeño y colorido municipio del Suroeste antioqueño, la negativa del gobierno de Gustavo Petro a los proyectos mineros en ese municipio.
Su voz retumbó en los medios y en las redes sociales. Incluso rondaron imágenes que alertan del supuesto impacto de las exploraciones en Quebradona, una mina de oro y cobre, en 25 acueductos veredales.
En contexto:
- En Jericó se realizó el debate por la minería en Quebradona
- El presidente Petro plantea hacer una reforma al Código Minero
El anuncio del presidente Petro, que estuvo en la zona el 15 de enero, tiene cientos de respuestas de simpatizantes de la decisión, así como de contradictores.
"En Jericó, Antioquia. Tomando decisiones fundamentales para el territorio junto a la ciudadanía. El gobierno nacional privilegia el agua y por tanto detiene los proyectos mineros que la ponen en riesgo. Queremos que Jericó y la provincia sea un distrito agrario y ecológico", trinó el mandatario nacional.
En jericó, Antioquia. Tomando decisiones fundamentales para el territorio junto a la ciudadanía.
El gobierno nacional privilegia el agua y por tanto detiene los proyectos mineros que la ponen en riesgo.
Queremos que Jericó y la provincia sea un distrito agrario y ecológico. pic.twitter.com/o3VmLd87gZ
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 14, 2023
Nueve días después, este martes, 24 de enero, la Procuraduría General de la Nación lo llamó a rendir cuentas, pues "solicitó al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Mauricio Lizcano, remitir los fundamentos técnicos, normativos y de política pública que sirvieron de base para tal decisión".
"El ente de control también exhortó al director de la entidad a referenciar el acta de relatoría de la sesión de las declaraciones públicas, las cuales fueron emitidas en las jornadas denominadas 'Diálogos Vinculantes para el suroeste antioqueño', en el municipio de Jericó (Antioquia), así como las órdenes administrativas por el Gobierno Nacional y las autoridades ambientales, para la implementación de la instrucción impartida", dice un comunicado de la entidad divulgado este martes.
Además, pidió "la validación y confirmación de si fueron desarrollados procesos de participación ciudadana previos a la toma de tal decisión, también deberá ser referenciado en el informe solicitado por la Procuraduría".
Por ahora, en las calles de Jericó algunos aún celebran la decisión, pues temen que su pueblito pase de estar encomendado a la Santa Madre Laura a ser controlado por las bandas ilegales ávidas del dinero que les pueden dejar el oro y el cobre.
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