Las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se preparan para presentar ante las autoridades electorales el reporte final de gastos de la segunda vuelta presidencial, un paso clave para definir los recursos que podrían recibir por concepto de reposición de votos.
Este mecanismo permite que el Estado reconozca parte de la inversión realizada por los candidatos durante la contienda electoral. Para acceder al beneficio, la legislación colombiana exige haber obtenido al menos el 4 % de los votos válidos, requisito que ambos aspirantes superaron ampliamente en las elecciones del pasado 21 de junio.
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Según las reglas fijadas para esta etapa del proceso electoral, el valor de reposición fue de aproximadamente 2.109 pesos por cada voto válido. Sin embargo, el monto que finalmente recibirán las campañas no depende únicamente de la cantidad de sufragios obtenidos, sino de los gastos que logren demostrar y justificar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
De acuerdo con los resultados del preconteo, Abelardo de la Espriella alcanzó 12.959.542 votos, mientras que Iván Cepeda obtuvo 12.708.712. Aunque una proyección basada exclusivamente en la votación arrojaría cifras superiores a los 26.000 millones de pesos para cada candidatura, la normativa establece que la reposición solo cubre los recursos efectivamente invertidos y debidamente soportados.
Los reportes presentados señalan que la campaña de De la Espriella registró gastos cercanos a los 10.025 millones de pesos, cifra entregada al CNE. En el caso de Cepeda, las inversiones reportadas rondan los 10.403 millones de pesos, según reporte entregado al sistema Cuentas Claras.
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Por esta razón, de mantenerse esas cifras tras la revisión oficial, los recursos reconocidos por el Estado podrían acercarse a esos valores. No obstante, el desembolso definitivo dependerá de la auditoría, validación y aprobación de las cuentas por parte del Consejo Nacional Electoral.
Las campañas también estuvieron sujetas a límites de financiación durante la segunda vuelta. La Resolución 0715 de 2026 estableció un tope cercano a los 18.243 millones de pesos para cada candidatura, monto que no podía ser superado durante el desarrollo de la campaña.
Una vez finalice el escrutinio nacional y concluya la revisión de los informes financieros, la autoridad electoral determinará el valor definitivo de la reposición de gastos que corresponderá a cada campaña presidencial.
