Presidente De la Espriella da por finalizados todos los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos con grupos armados
Noticia por: Noticias Telemedellín
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El Gobierno nacional anunció la terminación definitiva de todos los procesos de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación con organizaciones armadas y estructuras criminales en el territorio nacional.
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La medida responde a las instrucciones impartidas por el presidente Abelardo De La Espriella, vigentes desde el pasado 7 de agosto, mediante las cuales se da por terminada la participación del Estado en las instancias heredadas de la administración previa. De acuerdo con la Presidencia de la República, estos escenarios no demostraron avances concretos en términos de paz, desarme o sometimiento a la justicia.
Cierre de mesas de negociación y zonas temporales
La disposición gubernamental implica el cierre de las mesas de negociación entabladas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Frente Guerrillero Comuneros del Sur, y el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes.
Asimismo, concluyen las conversaciones sociojurídicas desarrolladas con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, así como las adelantadas con estructuras criminales que operan en Medellín, el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura. En esa misma línea, el Ejecutivo ordenó levantar la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez.
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Gasto presupuestal y directriz de seguridad
La información detalla que durante el cuatrienio anterior se erogaron más de $7.000 millones destinados de forma exclusiva al pago de honorarios para voceros, representantes y negociadores. Se aclaró que dicha cifra no contempla los costos asociados a viáticos, esquemas de seguridad, mantenimiento de zonas de ubicación y demás erogaciones del erario.
Finalmente, el Gobierno nacional sostuvo que no mantendrá espacios institucionales instrumentalizados para prolongar el delito, obtener beneficios ante la justicia o evadir la ley. Quienes mantengan una voluntad real de dejar las armas deberán someterse a la justicia; por el contrario, la Fuerza Pública empleará toda su capacidad legal y legítima para enfrentar a quienes continúen perpetrando actos de violencia contra la población civil.
