Gobierno De la Espriella terminó con mesa de diálogos con cabecillas criminales del Valle de Aburrá
Noticia por: Duván Vásquezauto_awesome Resumir con IA expand_more
El presidente Abelardo de la Espriella firmó la resolución que puso fin con la polémica mesa de diálogos con los cabecillas criminales del Valle de Aburrá, que había instalado el gobierno anterior de Gustavo Petro. En ese proceso ocurrió el llamado “tarimazo”.
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Alias ‘Douglas’, ‘Lindolfo’, alias ‘Tom’, ‘Vallejo’ y ‘Carlos Pesebre’ hacen parte de los 23 cabecillas criminales del Valle de Aburrá que les quitaron el estatus de supuestos voceros de paz que les dio el entonces presidente Gustavo Petro durante la mesa de diálogos.
El presidente Abelardo de la Espriella expidió esta resolución ejecutiva 379 que dio por terminado el espacio socio jurídico con estos jefes delincuenciales que ya gozaban de suntuosos beneficios dentro de la cárcel La Paz de Itagüí, pero que desde el primer día de este gobierno, fueron trasladados a otros penales del país.
“Había personas que esquivaban a la justicia simplemente al ser designados como voceros de paz y se les acabó todo eso, hoy con el fin de lo que se denominaba la mal llamada paz total que no era nada diferente a apoyar a as estructuras criminales ponerse del lado de los criminales, y no de los ciudadanos hoy ya con ese fin se ponen de nuevo las cosas en orden”, dijo Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.
Y es que el espacio no sólo no tenía marco jurídico, sino que los compromisos adquiridos por los cabecillas criminales no se cumplían. Incumplieron el supuesto piloto para suspender la extorsión en 25 barrios y la venta de drogas en el parque bicentenario. Para uno de los entonces facilitadores de esta mesa, el proceso estuvo minado de fallas y falta de transparencia.
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Este espacio socio jurídico también estuvo en el centro de la polémica por el llamado tarimazo, cuando el presidente Gustavo Petro llevó a plaza pública a la alpujarra a los más peligrosos jefes criminales como si tuvieran un estatus político. El caso ya tiene en investigación en la Corte Suprema a la senadora Isabel Zuleta.