El concejal de Medellín por el movimiento Creemos, Santiago Perdomo, lanzó una fuerte crítica a la administración de la Superintendencia Nacional de Salud, actualmente liderada por el exalcalde Daniel Quintero Calle. La denuncia se centra en la adjudicación de un millonario contrato para servicios de transporte aéreo, una decisión que Perdomo califica como "injustificable" ante la situación actual del sistema de salud en Colombia.
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Según la denuncia, la Supersalud firmó el contrato SNS-SASI-1-2026 por un valor total de $3.667.523.610. El objetivo del mismo es el suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales, además de servicios conexos, para funcionarios y colaboradores de la entidad durante el periodo comprendido entre junio y diciembre de 2026.
La adjudicación, formalizada mediante la Resolución No. 2026940010005550-6, fue otorgada a la empresa barranquillera DORYS LOPEZ COMPAÑÍA S. EN C., tras ofrecer un descuento del 8,15% sobre la tarifa neta.
El punto de mayor controversia señalado por el concejal Perdomo es la distribución de los recursos dentro del contrato. De acuerdo con el documento de resolución:
- $54.264.204 están destinados específicamente al despacho del Superintendente Daniel Quintero.
- $140.184.811 se asignaron a la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen.
En total, cerca de $194 millones de pesos se utilizarán para desplazamientos relacionados directamente con el despacho de Quintero y su equipo de comunicaciones.
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Perdomo cuestionó la prioridad de estos gastos en un momento donde miles de ciudadanos enfrentan dificultades para acceder a citas, medicamentos y cirugías. "Esto no parece una prioridad de salud; parece una estrategia para mover y promover la imagen pública de Daniel Quintero", afirmó el concejal.
El corporado advirtió que la Superintendencia debería concentrar sus esfuerzos y recursos en la crisis que atraviesan pacientes, hospitales y EPS, y no en "gastos de viaje e imagen institucional". Finalmente, Perdomo anunció que realizará un seguimiento estricto al contrato y exigió explicaciones públicas sobre la pertinencia y austeridad de este millonario gasto.
