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La problemática de Santa Elena es mucho más que las zonas que son protegidas, es también el uso del suelo. Según autoridades, legalizar las construcciones existentes en algunas de estas zonas sería imposible por ley.
Lo que hoy sucede en Santa Elena va más allá de las reservas y los yacimientos, porque se relaciona con el uso del suelo y sus diferentes categorías, como agroforestal, forestal, forestal protector, forestal productor y agropecuario.
Estas categorías limitan el desarrollo y las construcciones, siendo el mixto urbano-rural el que permite un mayor desarrollo. Sin embargo, según expertos, sería imposible legalizar las construcciones existentes en estas zonas protegidas por la ley, aunque muchos propietarios esperan la actualización del POT para este propósito.
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La situación en este corregimiento no es nueva. La corregidora actual ha recibido procesos que datan de 2017, iniciados por el corregidor anterior. Además del grave daño ambiental causado, el corregimiento enfrenta problemas de desabastecimiento de agua, pues los seis acueductos veredales ya han superado su capacidad.
Lo anterior, sin mencionar el delito de urbanización ilegal, que nuestro Código Penal -Ley 599 de 2000- incluye al servidor público que en su jurisdicción en razón de su competencia no ejerza las labores que sobre el urbanismo le son encomendadas por Ley. pic.twitter.com/W6HVDPU6Bb
— Eliana Gómez Mejía (@ElianaGomez) May 21, 2023
Así como las autoridades ya han dejado en evidencia que la construcción es ilegal, también lo es la conexión al acueducto, siendo interconectados que no cumplen requisitos para la prestación del servicio, en violación al contrato de condiciones uniformes y a la ley de servicios públicos, catalogado en el artículo 318 del código penal.
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El caso que está en la Corregiduría de Palmitas es el del proyecto urbanizador de Ecoaldea del Oriente, ubicado entre las veredas Medialuna y Mazo, para el que Corantioquia también ha emitido sanciones, por las afectaciones ambientales y la Fiscalía investiga posibles conductas delictivas.
En el año 2020 ya se había realizado operativo conjunto entre Corantioquia, la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Personería de Medellín y que había generado como conclusión una medida preventiva de suspensión de actividades para el proyecto urbanístico Ecoaldea del Oriente, localizado entre las veredas Media Luna y Mazo del corregimiento de Santa Elena, por estar dentro del área protegida del parque Arví.
Según las autoridades en 2020, el proyecto estipulaba la construcción de 50 viviendas ilegales.
En ese entonces, Corantioquia, como autoridad ambiental, informó que, sin el cumplimiento de requisitos legales, se adelantaba la construcción de vías de acceso rural y casas con destino a parcelación, obras que han causado serios daños en los recursos flora y suelo, con pérdida de valioso bosque nativo.
La corporación indicó que las intervenciones se realizaron en dos predios. A pesar de los procesos en curso y de la suspensión continuaron con la obra y hoy se adelanta un proceso con un juzgado y la correduría de Palmitas, donde incluso la fiscalía evaluara si hubo delitos penales.
