En el más reciente consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro se pronunció acerca de la polémica fiesta vallenata que tuvo lugar hace una semana en la cárcel La Paz de Itagüí, donde están recluidos cabecillas de bandas delincuenciales de Medellín y el Valle de Aburrá, que hacen parte de la mesa de negociación con el Gobierno nacional.
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El jefe de Estado ordenó el traslado de los cabecillas que participaron en dicha fiesta a Bogotá.
“Los señores que hicieron la ‘fiestica’ salen de la cárcel y entran a otra trasladados a Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema”, afirmó.
El Inpec ordenó la separación del cargo de 11 funcionarios de la cárcel La Paz de Itagüí, tras detectar múltiples irregularidades luego de un operativo de inspección realizado por la parranda vallenata.
Entretanto, la delegación del Gobierno nacional en la Mesa de Paz Urbana suspendió los diálogos con los cabecillas.
La indignación en las autoridades de la región no se ha hecho esperar, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, expresó:
“Ya no hay que hablar de la cárcel de Itagüí, hay que hablar del resort de Itagüí. Yo lo he dicho, hay cárceles que se han convertido infortunadamente en universidades del crimen, pero aquí en Itagüí no podemos hablar de una universidad del crimen, hablamos de un resort criminal”.
La Procuraduría Regional de Antioquia también envió una comisión para investigar las irregularidades disciplinarias de los funcionarios que permitieron el ingreso de los artistas y los elementos de la fiesta, además de que se conocieron remodelaciones y lujos en las celdas.
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“Lo que ocurrió el 8 de abril en esa cárcel —una parranda vallenata, organizada por los mismos líderes criminales que el Gobierno llamaba “voceros de paz”— no fue una sorpresa. Fue la consecuencia inevitable de mantener a delincuentes de alta peligrosidad agrupados, con beneficios especiales y sin marco jurídico claro”, señaló el concejal de Medellín, Alejandro De Bedout.
