La Defensoría del Pueblo alista un proyecto de ley para enfrentar la crisis en los centros de detención transitoria. El hacinamiento en las estaciones de Policía alcanza ya el 171%, pues la población de detenidos asciende a 23.826 personas, caso que se repite en las Unidades de Retención Inmediata.
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La Defensoría del Pueblo, dentro de este nuevo proyecto de ley, propone que a nivel nacional, departamental y municipal se distribuyan las obligaciones respecto a las personas privadas de la libertad que se encuentran en estos centros de detención transitoria y así contribuir a disminuir el hacinamiento.
Carlos Camargo, defensor del pueblo, comenta que "lo que se busca con este proyecto de ley es precisamente equiparar, lograr que haya un verdadero equilibrio entre las cargas, los distintos niveles y los distintos órdenes".
En la apertura del Congreso Internacional de Derechos Humanos, Camargo, hizo el llamado de atención por la vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en estos centros de detención transitoria.
"De manera que la situación es bastante preocupante, no solamente en materia de afectación del derecho a la salud, el derecho a la alimentación, también encontramos afectaciones al régimen de visitas a los privados de la libertad. En fin, encontramos una situación precaria y situaciones indignas", afirmó el defensor.
También señala que las autoridades y el sector privado deben apoyar el proceso de reubicación, esto tras lamentar el fallecimiento de una persona recluida en la URI de la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Persona que esperaba su traslado a un establecimiento penitenciario del INPEC.
