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A través del decreto 804 del 2020 el Gobierno Nacional autorizó a las entidades territoriales del país a adelantar adecuaciones, ampliaciones y modificaciones a inmuebles destinados a convertirse en centros transitorios de detención en el marco de la emergencia generada por el coronavirus.
Con el fin de garantizar las condiciones sanitarias a las personas que se encuentran privadas de la libertad durante la emergencia sanitaria y de reducir el grado de hacinamiento que solo en las cárceles de Antioquia supera el 80 %, el Gobierno Nacional concedió facultades especiales a las administraciones locales y departamentales para adecuar nuevos espacios como centros transitorios de detención temporales.
Para adelantar dichas adecuaciones solo se requerirá la autorización de la autoridad municipal competente en materia de seguridad y convivencia, y deberá sujetarse a las reglas del Plan de Ordenamiento Territorial.
Si una vez superada la crisis se pretende que el inmueble adecuado continúe prestando sus servicios, las administraciones deberá adelantar los estudios técnicos para la creación de los empleos de carácter permanente que hayan sido contratados durante la emergencia sanitaria y su provisión se efectuará en los términos establecidos en la Ley 909 de 2004.
