El programa de gobierno del presidente Abelardo de la Espriella comienza con cinco ejes principales. El primero enfocado en seguridad y orden público, con una estrategia para recuperar el control del territorio y enfrentar a los grupos armados. El segundo corresponde a salud, con medidas para estabilizar el sistema y fortalecer la atención. El tercero plantea reducir en un 40 % el tamaño del aparato público, mientras que el cuarto propone cambios en justicia y bloque contra la corrupción. El quinto pilar está dirigido a economía y empleo, con incentivos para la inversión y la generación de nuevos puestos de trabajo.
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“Si nosotros queremos recuperar la seguridad de las regiones y del campo de Colombia, tenemos que empezar por la fuente primogénita a todas las formas de violencia que son las 330.000 ha de coca, donde hay coca y violencia, hay que fumigar con aspersión, con drones y erradicación manual”, dijo Abelardo De la Espriella, presidente de Colombia 2026-2030.
La segunda parte del plan contempla una reforma tributaria orientada a aumentar el recaudo sin elevar impuestos, seguida de un modelo de minería y energía que impulsa la explotación legal de recursos y el desarrollo del sector de hidrocarburos. El octavo pilar reúne las propuestas de política social y vivienda, con subsidios para madres cabeza de hogar, apoyos para adquisición de vivienda y créditos con condiciones preferenciales.
“Por eso voy a promover un referendo de cadena perpetua contra abusadores de mujeres y asesinos de niños, porque me parece que son la pieza fundamental de nuestra sociedad y hay que defenderlas y protegerlas como debe ser”, señaló De la Espriella.
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Los dos últimos pilares se concentran en educación y política internacional. El gobierno electo prometió fortalecer las competencias básicas, evaluar el desempeño de los docentes y ampliar el acceso a la educación superior. En materia internacional, plantea estrechar las relaciones con Estados Unidos e Israel, revisar la participación del país en algunos organismos multilaterales y fortalecer el respaldo institucional a la fuerza pública.
