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En la actualidad el Clan del Golfo hace presencia en 20 departamentos del país, teniendo mayor poder en Antioquia, Chocó, Bolívar y Córdoba. Este grupo armado ilegal ha tenido una gran expansión y ha aumentado su accionar delincuencial en los territorios en los últimos tres años.
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"Es deber del estado actuar de manera contundente en la protección y la garantía de los derechos de las comunidades en los territorios, el estado no puede omitir su deber de proteger y garantizar los derechos de las personas", expuso Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo afirma que la falta de acciones estatales ha facilitado la expansión de este grupo, entidad que ha emitido entre el 2017 y lo que va de 2023 162 alertas tempranas. Solo en 2022 la disputa de territorios entre el Clan del Golfo y el ELN causó 33 desplazamientos en Chocó y 95 confinamientos.
"Se mantienen las acciones hostiles contra la población civil particularmente contra las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, el estado tiene el deber de reprimir todas las acciones violentas que vulneran los derechos y libertades ciudadanas que afecten la convivencia pacífica", explicó Carlos Camargo Assis.
Las principales rentas criminales de este grupo armado son el narcotráfico, minería ilegal y además subcontratan a otras estructuras delincuenciales para las actividades de microtráfico y extorsión.
En las últimas semanas el presidente Gustavo Petro anunció el fin del cese al fuego con el Clan del Golfo.
