La tensión entre el Gobierno nacional y la rama judicial escaló luego de que el Consejo de Estado lanzará una dura respuesta contra el presidente Gustavo Petro por sus ataques a las cortes, especialmente por la suspensión al decreto que ordenaba el traslado de 5 billones de pesos desde los fondos privados hacia Colpensiones.
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El Consejo de Estado calificó como “incendiarias” las afirmaciones del presidente Petro y advirtió que sus mensajes ponen en riesgo la separación de poderes y la estabilidad institucional del país.
“No está bien es que se trate de agredir a una corte o tratarla de irrespuestosa, por no compartir las decisiones que se toman”, indicó Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Desde Colpensiones y el Ministerio de Trabajo se advirtió que la decisión judicial podría frenar el flujo de recursos provenientes de los fondos privados y afectar el pago de obligaciones pensionales de miles de afiliados trasladados al régimen público bajo la nueva reforma pensional.
“La decisión judicial genera un grave impacto sobre la sostenibilidad del sistema pensional colombiano, en tanto impide el traslado a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones de los recursos correspondientes a ciudadanos”.
Sin embargo, desde el sector privado y expertos rechazaron las afirmaciones del ejecutivo y aseguraron que no existe riesgo inmediato.
“Recibimos con beneplácito este fallo cautelar de urgencia del Consejo de Estado y esperaremos, por supuesto, muy pendientes de la decisión de fondo que se tome al respecto”, señaló Andrés Velasco, presidente de Asofondos.
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“Tienen 100.000 cotizantes de los de todos los trasladados, por lo tanto, tienen un exceso de dinero que con eso es lo que van a pagar las pensiones. El gobierno nunca ha dejado de pagar una pensión y esperamos que eso no ocurra”, agregó Ana Beatriz Ochoa, abogada y experta en pensiones.
En medio del enfrentamiento político y judicial, el futuro del decreto y de los millonarios recursos pensionales quedó en un limbo jurídico que ahora deberá resolverse en las altas cortes, en medio de crecientes preocupaciones sobre la estabilidad del sistema pensional colombiano.
