Hasta $1'200.000 ofrecían a militares por asesinar a civiles inocentes
Noticia por: Noticias TelemedellínEl pasado 18 y 19 de julio de 2022 la JEP realizó en Valledupar (Cesar) la audiencia pública de reconocimiento por ‘falsos positivos’, cometidos por miembros del Ejército Nacional, entre 2002 y 2005.
A la audiencia de reconocimiento fueron convocados 12 militares retirados, pertenecientes al Batallón La Popa, señalados de matar a 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.
Entre los relatos que se conocieron durante la audiencia se escuchó el de Yeris Andrés Gómez, antiguo miembro del Ejército Nacional, en el que en reconoció que les ofrecían entre 500 mil y 1'200.000 pesos por matar a una persona.
“A nosotros, un ejemplo, por dar una baja o por asesinar una persona, colocarle un revólver, daban 500 mil pesos. Por una pistola 800 mil pesos, por un fusil daban millón doscientos.”
Estos hechos que, según la JEP, fueron cometidos de manera generalizada se agrupan en dos patrones macro criminales.
“En el primero se asesinaron a personas señaladas de ser integrantes de grupos armados o delincuentes comunes sin que mediara combate alguno y sin contar con información verificada. En el segundo patrón, para responder a la presión por resultados, algunos miembros seleccionaron a ciudadanos en distintas situaciones de marginalidad económica y social para asesinarlos, desaparecerlos y presentarlos como supuestas bajas en combate", explicó la JEP durante la audiencia del pasado 18 de julio.
Durante la ceremonia de reconocimiento, Yeris Andrés Gómez Coronel, antiguo miembro del grupo especial Zarpazo, reconoció que por dar de baja a su primera victima de falsos positivos recibió 100 mil pesos y, además de invitar a todo el grupo especial a comer arroz chino.
Sin embargo, continúo, Gómez diciendo que, así como sus manos estaban untadas de sangre, los altos mandos oficiales del Ejército también lo estaban.
“Así como mis manos están untadas de sangre, ellos, sus soles y sus grados de oficial del ejército también está manchado de sangre, porque ellos eran los que nos daban la recompensa por cada persona asesinada y legalizada por el batallón La Popa. Daban viajes para Cartagena, San Andrés, daban pistolas como premio, fiestas y también daban reuniones con trabajadoras sexuales.”
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“Como si fuera poco, a las víctimas y a sus familiares se les estigmatizó, se les manchó su buen nombre y se les expuso su reputación. Quedaron muchas dudas en su entorno y en no pocas oportunidades como es natural se dio crédito a las noticias de prensa que, sin filtro alguno, mecánicamente, difundían los logros de los militares que pregonaban sus avances en la lucha contra la criminalidad", expresó Jairo Acosta Aristizábal, Procurador delegado ante la JEP.
