En el más reciente consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro se pronunció acerca de la polémica fiesta vallenata que tuvo lugar hace una semana en la cárcel La Paz de Itagüí, donde están recluidos cabecillas de bandas delincuenciales de Medellín y el Valle de Aburrá, que hacen parte de la mesa de negociación con el Gobierno nacional.
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El jefe de Estado ordenó el traslado de los cabecillas que participaron en dicha fiesta a Bogotá.
“Los señores que hicieron la ‘fiestica’ salen de la cárcel y entran a otra trasladados a Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema”, afirmó.
Tras este anuncio del eventual traslado de los cabecillas, el alcalde de medellín, Federico Gutiérrez manifestó que: “Ya se acabó su gobierno, ya hicieron los bandidos lo que querían hacer durante cuatro años de su gobierno. Qué daño le hizo al país, él se prestó para todo esto, ellos tienen ahí unos delegados también vale la pena que se abrán investigaciones”.
El pasado 10 de abril, la presidencia del Concejo de Medellín le solicitó a la Oficina de Paz y al Inpec el traslado y revocatoria al estatus dado que hoy tienen los cabecillas que negocian en la cárcel de Itagüí.
“Lo que ocurrió el 8 de abril en esa cárcel —una parranda vallenata, organizada por los mismos líderes criminales que el Gobierno llamaba “voceros de paz”— no fue una sorpresa. Fue la consecuencia inevitable de mantener a delincuentes de alta peligrosidad agrupados, con beneficios especiales y sin marco jurídico claro”, señaló el concejal de Medellín, Alejandro De Bedout.
La delegación del gobierno que hace parte de la mesa de paz urbana emitió un comunicado manifestando que se ceñirán a la decisión tomada por el presidente Petro.
“Consideramos que el traslado de personas privadas de la libertad que fungen como voceros de las Estructuras desde el Centro Penitenciario de Itagüí hacia la ciudad de Bogotá mejora las condiciones para encontrar una ruta de acercamiento que permita darle continuidad al diálogo”.