El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dio el primer paso y detrás de él otros 16 gobernadores: inaplicar el decreto de emergencia económica del gobierno Petro que sube impuesto a productos como licores y cigarrillos. La consideran una medida inconstitucional.
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“La que en su artículo cuarto define la posibilidad que cualquier autoridad administrativa, judicial, puede aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando exista una norma como en este caso las contenidas en la emergencia económica que sean desproporcionadas”, dijo Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia.
La rebelión desde las regiones la desarrollarán en tres facetas. Primero, una tutelatón buscando que este sea tumbado, no aplicarlo, y por último designar una comisión para que sean escuchados por la Corte Constitucional.
En el caso de Antioquia, según lo calculado, el impacto negativo en la fábrica de licores por el impuesto del 19 % ascendería a más de 40 mil millones de pesos, lo que supone una presión económica cercana a los 1,5 billones de pesos.
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El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue el encargado por el gobierno nacional de responder por la decisión de los gobernadores.
“Por otro lado, puede haber prevaricato al no acatar la ley y también podrían ellos responder con sus propios bienes y sus recursos, su pecunio”, señaló Armando Benedetti, ministro del Interior.
Según los gobernadores, la aplicación de este decreto supone dejar de recibir el 47 % del recaudo. El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, aseguró que se desprenderán acciones judiciales contra los 17 gobernadores que se negaron a acatar las instrucciones de los decretos de emergencia económica.
