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Bogotá, 17 may (EFE).- Un fiscal colombiano de derechos humanos vinculó con el asesinato en 1994 del senador izquierdista Manuel Cepeda Vargas a José Miguel Narváez, exsubdirector de la central de inteligencia preso por su relación con una campaña de espionaje, anunciaron hoy fuentes judiciales.
Nárvaez fue procesado por "homicidio agravado en calidad de determinador", informó la Fiscalía General tras indicar que el reo fue alcanzado con una orden de "detención preventiva sin beneficio de excarcelación" dentro de este nuevo proceso.
La entidad judicial explicó en un comunicado que Narváez fue procesado como presunto responsable de la muerte de Cepeda Vargas, congresista del partido Unión Patriótica (UP) tiroteado el 9 de agosto de 1994 en una avenida del suroeste de Bogotá.
El legislador Cepeda era uno de los más prominentes miembros de la UP, formación surgida en 1985 como parte de acuerdos previos dentro de un fracasado diálogo de paz del Gobierno de entones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Desde entonces, ese partido ha afrontado una campaña de ataques que se ha prolongado inclusive hasta ahora y que deja más de 3.500 muertos, entre ellos varios de sus candidatos presidenciales, según lo han documentado las organizaciones no gubernamentales (ONG) que representan a las familias de las víctimas.
El caso de Cepeda llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que a mediados del año pasado declaró al Estado colombiano responsable del crimen.
El procesado Narváez fue subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de 2002 a 2006, en el primer Gobierno del ahora expresidente Álvaro Uribe, que estuvo en el poder hasta 2010.
Narvaéz estaba bajo el mando de Jorge Noguera, director de la central de inteligencia por la misma época y también detenido dentro de procesos por nexos con grupos paramilitares y espionaje.
Además de esta nueva causa, Narváez ha sido vinculado con el asesinato, en agosto de 1999, del popular humorista y periodista Jaime Garzón.
Asimismo, es uno de los varios antiguos altos y medios cargos del DAS, que depende de la Presidencia, relacionados con una escandalosa campaña de escuchas y seguimientos ilegales a magistrados, políticos de oposición, periodistas y defensores de los derechos humanos.
En el pasado, el exsubdirector del DAS fue asesor del Ministerio de Defensa, de altos oficiales militares y de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), y también impartió cursos en escuelas castrenses.
Además, varios paramilitares desmovilizados lo han vinculado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización ultraderechista que se disolvió en 2006, después de desarmar a más de 31.000 personas.
