Un líder social del departamento, víctima directa de uno de los cabecillas beneficiados, expresó su angustia y rechazo frente a la medida.
Según su testimonio, tanto él como otros líderes sociales han sido históricamente afectados por estas estructuras, enfrentando desplazamientos, amenazas y graves vulneraciones a sus derechos.
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“Estos delincuentes, estos bandidos que tanto le han hecho daño al departamento de Antioquia y a Medellín, son las personas que vimos salir a la luz pública el sábado y son personas que nos han causado daño, que nos han desplazado”, expresó la víctima.
Según las autoridades, la suspensión de las órdenes de captura tendrá una vigencia inicial de seis meses, con posibilidad de extensión como parte del proceso en curso. Sin embargo, de acuerdo con este líder social, esta decisión demuestra la falta de un marco jurídico claro para respaldar estas acciones.
“Qué tristeza para nuestro país y para Antioquia la situación que estamos viendo los líderes sociales, y que el Gobierno nacional premie a los que nos hacen daño a los que cometen esos delitos de lesa humanidad, en nuestra contra situaciones que deterioran nuestra vida social”, aseguró.
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El líder también denunció una presunta omisión por parte de la Unidad Nacional de Protección, señalando falta de respuesta ante las amenazas recientes en su contra. Asegura que su vida y la de su familia corren peligro inminente, mientras continúa sin recibir medidas efectivas de protección ni traslado fuera de la zona de riesgo.
