Ginebra, 23 abr (EFE).- Colombia sometió hoy a escrutinio su política de derechos humanos ante el resto de países de Naciones Unidas, que reconocieron sus avances de los últimos años, pero incidieron en la persistencia de graves problemas, como la violencia contra las mujeres y las situaciones de impunidad.
Una numerosa delegación, encabezada por el vicepresidente Angelino Garzón, expuso en Ginebra los progresos en esa materia, así como las tareas que están pendientes, en una sesión del "Examen Periódico Universal", un mecanismo de evaluación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En su presentación, la delegación colombiana garantizó el compromiso del Gobierno de Juan Manuel Santos con el proceso de paz entablado con la guerrilla de las FARC y anunció su decisión de extender por tres años más su colaboración con la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Alrededor de un centenar de países intervinieron durante la revisión de la situación de derechos humanos en Colombia y la mayor parte de ellos destacaron lo resultados positivos de la lucha contra la violencia y alentaron al Gobierno a persistir en el diálogo con las FARC.
Asimismo, subrayaron progresos como las leyes para brindar reparaciones a las víctimas del conflicto y sobre la restitución de tierras.
En cambio, la violencia contra las mujeres, particularmente los abusos de carácter sexual, fue una preocupación que subrayaron numerosas delegaciones, así como la necesidad de avanzar más en la lucha contra la impunidad y contra el reclutamiento forzado de menores.
Estados Unidos recomendó a Colombia acelerar la investigación y procesamiento de responsables de amenazas, extorsiones y ataques contra defensores de los derechos humanos y sindicalistas, mientras que Francia se centró en la necesidad de garantizar la independencia de la justicia.
Por su parte, Noruega reconoció que ha mejorado la protección de los líderes sindicales, pero consideró que el número de ataques contra éstos sigue siendo alarmante, por lo que pidió a Colombia crear el entorno para que se reconozca y legitime la actividad sindical.
Brasil pidió que se mantengan los esfuerzos para ofrecer reparaciones integrales a las víctimas del conflicto interno y se afronte el problema de la violencia contra las mujeres, en tanto que el Reino Unido expresó su preocupación por la "falta de capacidad y retrasos en el sistema judicial".
Como punto positivo, destacó el compromiso del fiscal general de Colombia de acometer reformas en su entidad para mejorar la persecución de los grupos ilegales y le urgió a investigar las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y darles prioridad.
