Según la Oficina Regional en Antioquia de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), en 91 de los 125 municipios antioqueños se documentaron casos relacionados con despojo de tierras.
En 44 de ellos se registra algún tipo de riesgo para los reclamantes y en 26 localidades, el nivel del riesgo llega a niveles extremos. De acuerdo con los análisis realizados por la CNRR en Antioquia, el Urabá antioqueño, principalmente los municipios del norte de esta subregión, todo el Bajo Cauca y parte del Oriente de Antioquia constituyen las zonas con mayores riesgos para los líderes y organizaciones vinculados a procesos de reclamación de tierras.
“El municipio con mayores riesgos es Turbo. Allí documentamos 1.331 casos de despojo de tierras”, señaló José Arley Muñoz, coordinador de la Oficina Regional.
Para la elaboración de los mapas, la CNRR en Antioquia tuvo en cuenta factores de violencia como la presencia de grupos armados ilegales, el registro de combates, hechos de desplazamiento forzado; incautaciones de sustancias psicoactivas y de explosivos. La información fue suministrada por las autoridades de Policía, aunque también se cruzó información con los mapas de riesgo elaborados por la Defensoría del Pueblo, la Corporación Nuevo Arco Iris, Codhes y la Misión de Observación Electoral, MOE.
“Una de las dificultades que tendrá la aplicación de la Ley de Víctimas será precisamente la seguridad de los reclamantes. Por ello, presentar públicamente el Mapa sirve de apoyo a las autoridades para que se tomen las medidas preventivas y de seguridad necesarias”, agregó Muñoz.
Al respecto, tras la elaboración del Mapa, la Mesa Interinstitucional para el Análisis de Rutas de Seguridad y Protección a Víctimas del Conflicto Armado, integrada por un conjunto de entidades del orden gubernamental, judicial y no gubernamental, formularon una serie de recomendaciones que van desde la creación de una Unidad de Atención con sede en Turbo, pasando por la elaboración de un directorio de enlaces para remisión inmediata de casos urgentes; hasta la instalación de albergues para líderes amenazados.
Al conocer tanto el Mapa como las recomendaciones, representantes de víctimas del Bajo Cauca antioqueño señalaron que este se quedó corto. “La situación es muy grave en municipios como Zaragoza. Sabemos que hay voluntad del Gobierno y confiamos en la Ley, pero necesitamos mucho acompañamiento”, dijo Otoniel, desplazado del Bajo Cauca.
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