Los alcaldes de la región agroindustrial son conscientes del reto que les demanda la aplicación de la nueva Ley de Víctimas y, por ello, piden un acompañamiento permanente del Gobierno Nacional.
Con la entrada en vigencia de la Ley 1448, Ley de Víctimas, los municipios colombianos tendrán que incluir en sus planes de desarrollo programas especiales para la atención de las víctimas del conflicto armado.
Y en un departamento como Antioquia, que registra el mayor número de afectados por la violencia en el país, lo anterior supone un reto enorme. En ese sentido, donde estarán puestos los ojos de la opinión pública nacional será en el Urabá antioqueño.
Será esta subregión antioqueña una de las zonas priorizadas por el Ministerio de Agricultura para adelantar allí los planes pilotos de restitución de tierras. Según los datos recopilados por la desaparecida Comisión Regional de Restitución de Bienes de Antioquia, en el departamento se instauraron 1.044 casos de reclamación de tierras que a su vez comprometen 1.269 predios.
Lo anterior equivale a más de 53.000 hectáreas de tierra abandonadas y despojadas, de las cuales cerca de un 90% se encuentran en los municipios del Urabá antioqueño. El municipio de Turbo, con 373 casos de reclamación de predios despojados, seguido de Necoclí, figuran como las localidades más afectadas por el flagelo del despojo.
Acompañamiento
Sin duda la palabra clave entre los alcaldes locales es acompañamiento. “Somos un municipio categoría seis, con muchas dificultades económicas y, por eso necesitamos un acompañamiento decisivo por parte de los gobiernos Nacional y Departamental para llevar a cabo todos estos programas que tienen que ver con la restitución de derechos de las víctimas del conflicto”, señaló Adalberto Baena, alcalde de Necoclí.
Según Baena, su administración iniciará en los próximos meses un censo para determinar el número real de víctimas del conflicto residenciadas en la localidad. Lo único claro hasta el momento, de acuerdo con el burgomaestre, es que Necoclí es un municipio de poco más de 56.000 habitantes y de ellos, más de 32.000 son desplazados forzados que han llegado en años anteriores a la localidad.
“Y ello implica que cerca del 65% de nuestro presupuesto, así como el gran peso de nuestro plan de desarrollo, esté en los programas sociales y de restablecimiento de derechos dirigidos a esta población”, agregó el mandatario local.
Su postura coincide con lo expresado por William Palacio, alcalde de Turbo, quien aseguró que solo un decidido acompañamiento del Gobierno Nacional podrá llevar a feliz puerto la Ley de Víctimas.
“Nosotros en Turbo vamos a abrir una oficina para atender a las víctimas del municipio. Desafortunadamente, nuestra localidad fue el centro de todas las violencias, es preocupante tener ese número tan elevado de reclamaciones, pero vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para ayudar a las víctimas”, sostuvo Palacio.
Ambos mandatarios coinciden en afirmar que el éxito en la implementación de la Ley 1448 podría significar un avance positivo para la región agroindustrial. “Si la Ley es exitosa a todos nos va bien. Eso permitiría que los desplazados que tenemos en el municipio, que llegan a las 12.000 familias, retornen a sus tierras, las vuelvan productivas y se reduzcan los cinturones de miseria que tenemos en este momento”, manifestó el alcalde de Turbo.
Vivienda: el otro problema
Otro de los problemas que arrastra el Urabá antioqueño es el déficit de vivienda. Uno de los episodios que puso en evidencia lo anterior fueron las invasiones a predios baldíos que se registraron durante el primer trimestre de 2011 y que tuvieron lugar en Chigorodó, Turbo, Carepa y Apartadó. Se trató de un caso de ocupaciones masivas protagonizadas por cientos de familias que manifestaron "estar desesperadas por la falta de vivienda". Sobre el particular, el alcalde de Turbo, William Palacio, señaló que su municipio presenta un déficit de 7.000 viviendas. "Espero construir 2.000 soluciones de vivienda pero, claro está, todo depende del acompañamiento del Gobierno Nacional porque estamos supeditados a los subsidios del Gobierno Nacional, del Departamento y la cofinanciación que nosotros podamos realizar".
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