Las protestas, en las que participan obreros y lugareños, llevaron al Gobierno a desplazar a la zona un contingente de policías del llamado Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que, según portavoces sindicales, ha agredido a los manifestantes.
Unos 10.000 trabajadores al servicio de multinacionales del petróleo en el este de Colombia suspendieron sus actividades en medio de protestas por el despido de centenares de obreros, informaron hoy fuentes sindicales y autoridades locales.
Al menos seis heridos y siete vehículos incendiados, entre camiones y camionetas, dejaron los desórdenes que coincidieron con la declaración de la huelga, dijo Óscar Bolaños, alcalde de Puerto Gaitán (este), la localidad en la que estalló el conflicto laboral.
Bolaños informó a radios locales de que la zona de exploración y explotación de crudo está afectada por "desmanes" desde el lunes a la madrugada.
"Los trabajadores están muy disconformes con la industria (del petróleo)", agregó el alcalde de Puerto Gaitán, población del departamento del Meta en el que está situado el Campo Rubiales, operado por la canadiense Pacific Rubiales Energy.
La actual crisis se desató tras el despido de 1.100 trabajadores de la empresa colombiana Montajes JM S.A., contratista de Cepcolsa, filial de la multinacional española Cepsa, que realiza tareas en la región junto a Pacific Hocol y la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol, estatal), entre otras compañías.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Tarsicio Mora, dijo en Bogotá que los obreros fueron despedidos tras haberse sindicalizado para exigir mejores condiciones laborales, salariales y sociales.
En solidaridad, unos 10.000 operarios petroleros de la región se declararon en cese de actividades, agregó Mora, quien denunció que estos obreros deben aceptar tipos de contratación por períodos de incluso 28 días, que se renuevan tras una semana de descanso.
Por su parte, Pacific Rubiales Energy denunció en un comunicado que "se tiene conocimiento de que otros grupos ingresaron con armas" al recinto de Campo Rubiales, que se unieron a los manifestantes y hoy tomaron las instalaciones, lo que obligó a la compañía a "cerrar progresivamente la producción".
Este paro de las actividades llevó a la firma a perder 177.000 barriles de petróleo por día, de los que un 67 % pertenece a la colombiana Ecopetrol y a las regalías del Estado colombiano, reveló la misma empresa.
El vicepresidente, el exsindicalista Angelino Garzón, ha asumido la mediación en esta crisis y recibió el lunes en su despacho a autoridades locales y regionales, representantes de las empresas del sector y delegados sindicales.
El encuentro, que tomó unas quince horas, terminó con la adopción de un acuerdo del que se apartó la representación de la CUT por considerar que no podía obligar a los trabajadores en huelga a que levantaran la protesta.
"La CUT ratifica que tiene voluntad de diálogo y que su afán no es el de crear conflictos, sino el de buscar una acercamiento entre las partes", aseguró Mora.
El líder sindical se lamentó de que el auge petrolero del país genere problemas sociales, como la prostitución, y medioambientales, como la contaminación de fuentes de agua, que no merecen la atención del Gobierno.
Además, consideró que Colombia pierde su riqueza por efecto de los contratos de asociación con multinacionales, cuya participación en ellos es del 70 por ciento, contra el 30 por ciento para el Estado.
Sin embargo, el vicepresidente insistió hoy a través de un comunicado en pedir el fin de las manifestaciones "de manera inmediata", al tiempo que solicitó a las empresas contratistas que no tomen represalias contra trabajadores y sindicalistas en caso de que cesen las protestas.
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