El Ministerio de Justicia, informó que un año de plazo tendrían los jueces y fiscales del país para definir la situación de más de 14 mil 811 personas que llevan dos años o más privadas de la libertad sin que se les haya resuelto su situación jurídica, antes de que comience a regir la Ley de Racionalización de la Detención Preventiva.
El proyecto de ley que cuenta con el apoyo de las comisiones primeras conjuntas de la Cámara de Representantes y el Senado, tiene como objetivo garantizar las herramientas para que tanto jueces como fiscales cuenten con más tiempo para agilizar los procesos y definir casi 4 mil casos graves de personas privadas de la libertad.
Este plazo también evitará el aumento de las demandas contra el Estado por detenciones injustas o arbitrarias. Hasta el momento existen más de 18 mil procesos con pretensiones que se acercan a los 25 billones de pesos.
