La crisis desatada por la contingencia de Hidroituango en marzo de 2018 hoy cierra un nuevo capítulo judicial. La administración de Daniel Quintero instauró una demanda inicial de 9.9 billones de pesos en enero de 2021 en contra del Consorcio CCC Ituango, pero el proceso finalmente fue admitido en junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia con una reducción significativa de su monto a 6 billones de pesos.
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“Lo importante es que a través de varias decisiones ha ido quedando como claro que la contingencia de marzo-abril del 18 no fue responsabilidad del consorcio constructor y que al contrario a EPM le tocó pagarle 70 mil millones. Queda una gran preocupación y fue ese fallo de la Contraloría General de la República donde se condenó a muchas personas supuestamente por esas obras de Hidroituango”, indicó David Suárez, abogado especialista en derecho público.
Hoy la demanda en el Tribunal Administrativo de Antioquia sufrió un revés el pasado 6 de noviembre de 2025 al resolver recursos de término, el tribunal declaró que no tenía jurisdicción ni competencia para continuar el proceso contra los constructores Conconcreto, Camargo Correa y Coninsa. Esta decisión implica que la demanda por 6 billones continúa únicamente contra el diseñador y los interventores del proyecto.
“La demanda sigue en el tribunal administrativo y es una demanda que puede durar tres o cuatro años aquí en el tribunal y otros tres o cuatro años en el tribunal, y otros cuatro o cinco en el Consejo de Estado y lo más preocupante es que seguramente ya el diseñador que era Integral y los interventores no creo que cuenten con un patrimonio y una fuerza económica suficiente en caso de que esa condena sea en contra de ellos”, agregó Suárez.
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Según el experto, queda en entredicho la solidez de las acciones legales lideradas en su momento por el entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero.