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En el corregimiento Santa Elena, la comunidad se unió para evitar que una propiedad fuera demolida. La vivienda, construida hace más de 2 años, hacía parte de una familia que, a raíz de todo está situación, también se derrumbó.
Los habitantes, tanto de la vereda El Rosario, como de vereda aledañas, se congregaron en la casa de Carlos Inti, para pedir que no se den las demoliciones y se realice una mesa de negociación.
Fueron casi 24 horas de una protesta pacífica, pero también de zozobra, de una espera no deseada, puesto que en cualquier momento llegarían las autoridades a hacer efectiva la orden de demolición.
Decenas de habitantes del sector de El Rosario y de otras veredas cercanas se unieron para impedir la demolición de la casa de Inti, un vecino quien, tras varios años de estar por fuera del país, encontró en esta vereda un lugar para seguir construyendo su proyecto de vida al lado de sus familia, pero no fue como él lo soñó.
De acuerdo con las declaraciones de Carlos Inti Cegarra Restrepo, propietario de la vivienda:
“Cuando vinimos éramos un matrimonio de 24 años, y por lo que está pasando ahora, nuestra relación terminó hace 8 meses".
La vivienda de Carlos Inti tenía una orden de demolición, porque se construyó sin los permisos legales y en un predio dentro de una zona declarada agroforestal.
Tras más de 12 horas de protesta pacífica la mesa de diálogo se dio y, a las 2:30 de la tarde, la noticia que esperaba llegó: el proceso quedó suspendido y varios compromisos pactados, no sólo por Inti sino por la comunidad.
“Me comprometí con ella con mesa de concertación que ya iniciamos y porque Santa Elena sea la región que queremos, vamos a luchar por legalizar la vivienda" dijo Carlos.
Por su parte, Ana María Moreno, habitante de Santa Elena, aseguró que:
“Nuestra consigna era ni una casa menos ni una más, es cierto que la montaña está devastada creamos un equipo para seguir cuidando la montaña ni venta ni construcciones".
El proceso, que estaba plantillado para las 6:00 a. m., fue suspendido, de acuerdo con las autoridades, por falta de garantías y en pro de proteger la vida y la integridad de la gran cantidad de personas que estaba no solo en la vivienda sino en al ingreso.
Tras la suspensión del procedimiento, Mateo Gómez, personero Penal de Medellín aseguró:
“Haciendo un análisis de la situación entre las autoridades que se encuentran presentes en la intervención, tal como la subsecretaría de Derechos Humanos, la Personería de Medellín, el ICBF, y las Secretarías de Seguridad, y Gestión y Control Territorial y Policía Nacional, se encuentra que no hay garantizas para continuar con la materialización de la orden de Policía de demolición de obra, por cuanto las personas, que se encuentran en el lugar, de acuerdo a información de la misma comunidad, se encuentran en estado de alicoramiento, situación que fue constatada en sitio y han manifestado que se harían matar para no dejar realizar la diligencia, por lo que en aras de salvaguardar los derechos humanos y la integridad tanto de los habitantes como de los funcionarios, se toma la decisión de suspender la diligencia".
Eliana Gómez, corregidora de Santa Elena, dijo:
“Antes advertir que se remitirá el informe de servidor público, para que el órgano persecutor penal, fiscalía general de la nacional, adelante las investigaciones correspondientes. Es de aclarar que se seguirán adelantando las acciones correspondientes de control de acuerdo a nuestra competencia. En la actualidad, en Santa Elena hay 476 expedientes abiertos para analizar caso por caso, puesto que algunos de esos predios fueron construidos de la misma manera, es decir, sin los permisos legales, Es de aclarar que se seguirán adelantando las acciones correspondientes de control de acuerdo a nuestra competencia."
Luego de la suspensión lo s habitantes de Santa Elena, pidieron que se analice el POT y las condiciones socioeconómicas porque aseguran que vivir del campo ya no es rentable.
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