Las deliberaciones del Gobierno y las Altas Cortes se mantendrán hasta hoy en las horas de la tarde. El presidente Santos advirtió que si no se llega a una concertación, la última palabra la tendrá el Congreso de la República a partir del 20 de julio.
Tres puntos mantenían distanciados ayer al Gobierno y a las Altas Cortes en el tema de la reforma a la justicia propuesta por el Ejecutivo. Son ellos la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, la reglamentación de la tutela y el manejo financiero de la Rama Judicial. Sobre este punto, el Gobierno dijo tener disponible un billón de pesos, pero las Cortes reclamaron 1,9 billones.
Inicialmente, el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, rechazó la desaparición del Consejo Superior de la Judicatura. En opinión del magistrado, “estimamos que resulta fundamental en la Constitución mantener y profundizar en todo aquello que tiene que ver con la autonomía de la Rama Judicial y garantizar las funciones asignadas a los jueces”.
Es decir, señaló el jurista, es necesario afianzar la independencia para las funciones asignadas a los jueces y el juzgamiento de los mismos, función que en la actualidad corresponde a la Corte Suprema de Justicia, CSJ.
Fajardo expuso la mejor disposición de las Altas Cortes por hallar caminos que permitan concertar el texto del Gobierno.
Con relación a la reglamentación a la tutela para impedir que sentencias judiciales de unas cortes sean tumbadas por otro alto tribunal, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, señaló que no se ha alcanzado consenso.
Por su parte, el designado ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, precisó que la problemática del déficit financiero de la Rama Judicial y la congestión en los despachos tendrán prioridad en su gestión.
Según Esguerra, “la congestión de los despachos judiciales no es sólo problemas de los jueces, en buena medida y lo digo respecto de mis propios colegas, es un problema que hemos creado los abogados, algunos de los cuales les encanta la congestión de los despachos judiciales porque en la congestión de los despachos judiciales está la defensa de los intereses de sus clientes, y eso no puede ser”.
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