La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación a la aplicación Rappi, esto con la finalidad de que cumplan con la normativa del comercio electrónico en el país. Esta empresa incumpliría con siete parámetros para la correcta prestación del servicio.
Luego de las 750.639 quejas de los usuarios entre abril y octubre de 2018, la SIC formuló cargos e inició con las investigaciones a esta compañía porque, según los denunciantes, hacen cobros de montos diferentes a los que son publicados en la plataforma, incumplen con las promociones que ofrecen y las devueltas no las dan en dinero sino en "rappicréditos".
Otras de las quejas van orientadas al incumplimiento de las garantías de los productos, demoras en las entregas de los pedidos y débitos inesperados en compras que no fueron realizadas.
El pliego de cargos formulado por la Superindustria a esta compañía fue por una presunta violación a las normas que protegen al consumidor en temas relacionados con la publicidad engañosa, información pública de precios, cláusulas abusivas, reversión del pago, calidad, comercio electrónico, entre otros.
Por esta razón Andrés Barreto, Superintendente de Industria y Comercio, ordenó a Rappi incluir en correos electrónicos y en la aplicación un enlace que dirija a la página de la Supersic para que los usuarios puedan presentar peticiones, quejas y reclamos.
Barreto aseguró que la empresa tiene que responder por las devueltas de las personas y no las podrán acreditar en créditos, la calidad de los productos y servicios tiene que venir en los precios totales que publican, deben garantizar contacto directo con la empresa, entre otros.
"Invitamos a la empresa Rappi a que simplemente acate las recomendaciones que le hemos hecho de la Ley de Comercio Electrónico, a través de una orden administrativa sobre la cual no imponen recursos, por eso en el término de 30 días estaremos verificando que Rappi esté dándole cumplimiento a esto en satisfacción de consumidor, tiempo en el que la SIC hará la respectiva verificación", dijo el Superintendente.
De no cumplir con los requerimientos impuestos por la Superindustria, esta empresa tendría que pagar multas cercanas a los 2.000 millones de pesos.
