¿Alguna vez ha sido víctima de suplantación de identidad a través de su número de celular?
“Utilizaron mi identidad para hacerse pasar por mi y vender dólares”, contó una víctima de suplantación.
Casos como este, cada vez más comunes, han generado preocupación, por lo que la Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación administrativa contra los operadores de telefonía por presuntas fallas en el proceso de verificación de identidad al momento de solicitar un nuevo SIM Card.
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“La Superintendencia de Industria y Comercio en su rol de autoridad de vigilancia y control, encargada de proteger a los usuarios de los servicios de comunicaciones, identificó que Tigo, Claro, Movistar y WOM habrían permitido el intercambio no autorizado por el titular de su SIM Card, práctica conocida como SIM Swapping”, indicó la SIC.
El SIM Swapping es un fraude en el que un estafador se hace pasar por la víctima y consigue que la operadora le entregue un nuevo SIM con su número. Esto permite al delincuente acceder a códigos de seguridad de bancos o redes sociales, facilitando fraudes y el robo de información confidencial.
“Cuando yo me di cuenta de lo que estaban haciendo a mi nombre, empecé a escribirle a mis contactos inclusos a quien se estaba haciendo pasar por mí, pero ya me habían robado mis redes sociales también”, indicó la víctima.
La falta de una verificación rigurosa de los datos de los usuarios, facilita que los delincuentes logren acceder al número de teléfono de la víctima y, con ello, a sus cuentas bancarias, redes sociales y otros servicios que utilizan el número como método de seguridad.
“Si estas operadoras de servicios telefónicos incumplen en dicha obligación podrían tener sanciones de carácter administrativo, las cuales podría interponer la Comisión de Regulación de Comunicaciones o la Superintendencia de Industria y Comercio con su facultad sancionatoria”, señaló Juan Medina, abogado experto en derecho comercial.
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El SIM swapping es una práctica ilegal que se desarrolla en Colombia, el cual puede tener sanciones administrativas para los operadores de telecomunicaciones y sanciones penales para las personas naturales o jurídicas que se encarguen de cometer ese tipo de actos con multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por operador.
