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Pérdidas millonarias registra anualmente EPM por cuenta de las conexiones ilegales a los servicios públicos, práctica que se ha vuelto común y que incluso es aprovechada por algunas organizaciones delincuenciales para aumentar sus ganancias.
El robo de los servicios públicos pasó de ser asunto de los estratos bajos a convertirse en una práctica ilegal adoptada por algunos sectores económicos en el Valle de Aburrá.
La mayor defraudación en gas la ponen algunas empresas de arepas; en agua los hoteles y moteles, mientras en energía las fábricas de plásticos.
A la fecha EPM ha detectado 291 empresas señaladas de defraudación, todas han sido denunciadas ante la Fiscalía General, solo 20 de ellas han conciliado.
Para contrarrestar el delito de las conexiones ilegales a los servicios públicos EPM tiene más de 600 profesionales.
