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La plenaria del Senado aprobó anoche 19 de octubre, con 54 votos a favor y 30 en contra, el polémico artículo 125, incluido en el proyecto de Presupuesto de 2022, que modifica la Ley de garantías y permite a los funcionarios públicos la contratación en plena época electoral.
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Pese a las críticas recibidas, el texto aprobado encomienda a la Procuraduría y la Contraloría hacer una estricta vigilancia para evitar actos de corrupción en plena campaña electoral.
Esta tarea la hace de forma explícita: “Todos los convenarios que se suscriban bajo el amparo de la presente disposición serán objeto de control especial por parte de la Contraloría General de la República. El Contralor General de la República determinará, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, la forma en que se ejercerá dicho control especial”.
El artículo, según el Gobierno, no suspende la Ley de garantías sino que permite la contratación en infraestructura vial y proyectos de agua potable, entre otros para que no se frenen por cuenta de las elecciones y para que no afecten el proceso de reactivación económica.
