El departamento muestra avances importantes en seguridad. Sin embargo, aún quedan tareas pendientes para el próximo Gobernador, quien deberá recuperar el orden público en algunas subregiones. Expertos opinan al respecto.
Enfrentar los fenómenos violentos que acosan al Urabá, Bajo Cauca, Nordeste antioqueño y Valle de Aburrá.
Cortar las fuentes de financiación de las redes criminales provenientes de la minería y los cultivos ilícitos y fortalecer la presencia estatal en las regiones apartadas del departamento son, a juicio de diversos analistas consultados por EL MUNDO, los principales retos en materia de seguridad que deberá afrontar el próximo Gobernador de Antioquia.
Pese a la recuperación del orden público en buena parte del departamento, producto del debilitamiento de estructuras armadas como los frentes 47 de las Farc, Bernardo Arroyave y Carlos Alirio Buitrago del ELN; la captura de importantes cabecillas de las bandas surgidas luego del proceso de desmovilización (alias “don Mario”; alias “René”, alias “pantera”, entre otros) aún persisten complejos fenómenos criminales que amenazan con convertirse en verdaderas talanqueras contra el desarrollo del departamento.
En eso coinciden personalidades como Juan Sebastián Betancur, presidente de Proantioquia; Jorge Giraldo Ramírez, decano de la Escuela de Ciencias y Humanidades de la Universidad Eafit y Nelson Restrepo, coordinador operativo de la organización no gubernamental Concuidadanía.
Según los analistas, la necesidad de contar con políticas claras para el próximo cuatrenio en un tema tan sensible como la seguridad constituyen punto esencial para Antioquia si se tiene en cuenta que los centros que jalonarán el crecimiento del departamento en el futuro inmediato se encuentran precisamente en aquellas regiones donde hoy confluyen altos niveles de pobreza e inequidad, debilidad de las instituciones del Estado y la disputa de rentas legales e ilegales por parte de grupos armados al margen de la ley.
Diagnóstico complejo
En los años venideros, Urabá vivirá importantes procesos de transformación por cuenta de la aplicación del capítulo de restitución de tierras de la Ley de Víctimas que, de resultar exitoso, consolidará a la región agroindustrial como un polo atractivo para la inversión nacional y extranjera.
Sin embargo, informes de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr) señalan a esta subregión como la que mayores riesgos presenta para los campesinos reclamantes de tierra debido a la presencia de grupos armados como “los urabeños” y las Farc y al desarrollo de múltiples actividades ligadas al narcotráfico.
El asesinato de nueve líderes en el último año y la amenaza a más de 25 víctimas de despojo involucrados en procesos de reclamación, así lo ratifican.
Pero sin duda donde recaen todas las preocupaciones por cuenta de la situación de orden público, es el Bajo Cauca. En 2010 se cometieron 210 asesinatos en la subregión mientras que este año, cifras oficiales de la Gobernación de Antioquia muestra una cifra de 82 homicidios cometidos entre el 1 de enero y 31 de agosto.
Pero no son solo las muertes violentas. Acciones como los ataques con artefactos explosivos, que en Caucasia ya suman 14 en los últimos dos meses, continúan sembrando zozobra en la subregión.
Lo más preocupante es que el estallido de un artefacto provoca una estampida de éxodos forzados hacia ciudades como Medellín y Montería.
No existen cifras oficiales al respecto, pero testimonios de comerciantes y pobladores son crudos al afirmar que hoy, no hay más de 75 mil habitantes en un municipio que, según Censo del Dane, llegaba a los 90 mil residentes.
A esto se suma que si bien los planes de erradicación de cultivos ilícitos en los municipios de la zona han comenzado a mostrar sus frutos y la década de la “bonanza cocalera” parece estar llegando a su fin, las autoridades de Policía estiman que aún hay sembradas cerca de 4.000 hectáreas con hoja de coca en todo el Bajo Cauca que, a su vez, constituyen importante fuente de ingresos para las bandas criminales.
Además, el auge minero que experimenta la subregión añade más complejidad a una región convulsionada por la guerra entre “urabeños” y “rastrojos”. Los fuertes disturbios registrados en Caucasia el mes pasado durante las protestas de los mineros informales se convierten en señales de alerta que bien vale la pena atender.
Por ello, como lo sostiene el presidente de Proantioquia, Juan Sebastián Betancur, urge atender estas subregiones, “porque lo que sucede en el Golfo de Urabá con el ingreso y salida de armas, precursores y cocaína; en Caucasia y en el Nordeste con la economía ilegal que gira en torno al oro y los cultivos ilícitos, repercute notoriamente en Medellín y el área metropolitana. La seguridad de Medellín depende, en buena medida, de cómo se afronten los fenómenos criminales en esas subregiones”.
Igual apreciación tiene Nelson Restrepo, de Conciudadanía, quien no obstante advierte que ha faltado controlar el efecto “boomerang” que está generando, paradójicamente, la acción de la Fuerza Pública, donde las estructuras delincuenciales y las problemáticas derivadas de su accionar, se trasladan de una región a otra.
“La lucha contra los sembradíos de hoja de coca lo que ha hecho es desplazarlos de región. Hay un incremento de cultivos ilícitos en el Oriente antioqueño, donde nunca se veían. Y un traslado de la criminalidad de Medellín hacía esa región.
Hay municipios del Oriente cercano donde se están presentando fenómenos de microextorsión muy similares a los que se presentan en los barrios de Medellín”, acotó Restrepo.
Periodo lleno de retos
De ahí que los analistas concuerden en señalar que, frente al complejo panorama, el próximo gobernador tendrá que conjugar, en todos sus tiempos, el verbo coordinar. “Es cierto que hay lunares muy grandes en materia de seguridad, es innegable. También es cierto que no se trata de cuestionar si esta Administración actuó bien o actuó mal.
Pero lo que sí se puede afirmar es que faltó mayor coordinación entre el Gobierno Nacional y el Departamental”, sostuvo Juan Sebastián Betancur.
De acuerdo con el dirigente gremial, si bien aspectos como el diseño de la política anticriminal no dependen del Gobierno Departamental, la participación activa del próximo gobernador será clave para que Antioquia mejore sus problemas de inseguridad.
“También será vital que participe activamente en la implementación de la Ley de Víctimas, por lo que significa Antioquia en términos de reparación a los afectados por la violencia”, añadió Betancur”.
Jorge Giraldo, decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades de Eafit, incluso va más allá: “si se analizan cuáles son los puntos críticos de la violencia en Antioquia vemos que se encuentran en las fronteras del departamento, en especial con Córdoba y Chocó. El próximo gobernador debería mantener un diálogo fluido con los mandatarios de esos departamentos, ampliar el zoom y pensar en términos de región”.
Para Giraldo, también será clave que el departamento fortalezca la institucionalidad de buena parte de los municipios antioqueños, “porque si usted mira los mapas, las localidades más pobres coinciden con las más débiles en términos de presencia del Estado y, a su vez, con aquellas donde hoy se registran problemas de orden público. Y así como hay cosas que no dependen del Departamento, el próximo gobernador sí tiene mucho qué hacer en ese sentido”.
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