A partir de hoy la Corte Suprema de Justicia tendrá cinco días hábiles para pronunciarse sobre el control de legalidad de la medida de aseguramiento que la Fiscalía le impuso al suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa el 5 de junio pasado.
El ente acusador lo investiga por presuntos hechos ocurridos en el año 2005 mientras figuraba como primer mandatario departamental y que lo relaciona con supuestas irregularidades en un contrato por 41.000 millones de pesos, destinados para la pavimentación de un tramo de la Troncal de la Paz.
Para la Procuraduría, la medida de detención impuesta por la Fiscalía es innecesaria y no cumple con las exigencias de carácter constitucional y legal.
Recordemos que por este mismo caso la Fiscalía ordenó compulsar copias para que se investigue a Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo, quienes sucedieron en la Gobernación de Antioquia a Gaviria Correa.
