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Bogotá, 10 may (EFE).- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, zanjó hoy la polémica sobre la inclusión de la expresión "conflicto armado" en la Ley de Víctimas para entrar en la recta final de su debate legislativo, con el aval de la ONU y pese a la oposición de su antecesor, Álvaro Uribe.
El conflicto armado interno "es una realidad" y la inclusión de ese término en la citada ley "de ninguna manera" significa dar "un reconocimiento especial" a las guerrillas colombianas y "mucho menos" preparar el terreno para darles un estatus de "beligerancia", argumentó Santos.
El mandatario dio por cerrada así la polémica abierta por Uribe, que pertenece como él al Partido de la U y que desde la semana pasada insiste en la postura que mantuvo en sus ocho años de mandato (2002-2010): que reconocer que hay conflicto armado en Colombia puede otorgar "alguna legitimidad" a las guerrillas.
Durante una reunión celebrada hoy en Bogotá, Santos y varios parlamentarios del Partido de la U despejaron el camino para el debate final de la Ley de Víctimas en el Congreso, manteniendo el artículo que reconoce la existencia de un conflicto armado en Colombia.
El Partido de la U "va a apoyar la Ley de Víctimas en forma unánime, cosa que nos complace mucho", anunció Santos al subrayar que esa norma "es de gran significado" para el país y "ha generado muchas expectativas" a nivel nacional e internacional.
También se pronunció sobre el tema la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas, que afirmó que el reconocimiento del conflicto armado interno por parte de Santos le parece "positivo y acertado".
"Al reconocer la situación fáctica de que en Colombia existe un conflicto armado interno, el Gobierno facilita la interlocución con la comunidad internacional sobre este tema y reivindica a las víctimas", según un comunicado divulgado por esa oficina.
Además, la ONU recordó que el mandato de su oficina en el país desde hace 13 años "parte de la existencia de un conflicto armado interno", lo que "no otorga ninguna legitimidad moral o política a grupos armados ilegales" como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En la misma línea, Eduardo Pizarro, sociólogo y experto en el conflicto armado, asegura en un artículo publicado hoy por el diario El Tiempo que las FARC "están muy lejos" de cumplir con dos de los requisitos necesarios para obtener la beligerancia: el control territorial y el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
"Hoy, el Estado ha recuperado la soberanía sobre todo el territorio nacional y las FARC, debido a su retorno obligado a la guerra de guerrillas clásica, han retomado su condición de guerrilla nómada, trashumante", dice Pizarro, miembro de la Junta Directiva del Fondo Fiduciario de Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI).
Este experto, que ha trabajado en los Gobiernos de Uribe y de Santos, añade luego que las FARC no actúan con "respeto irrestricto" al DIH, puesto que "cometen constantemente crímenes de guerra", como asesinatos fuera de combate, y "de lesa humanidad", como el secuestro y la toma de rehenes.
El ambicioso proyecto de la Ley de Víctimas, que busca atender y reparar a más de cuatro millones de afectados por el conflicto armado sin discriminar si los victimarios fueron guerrillas, paramilitares o agentes del Estado, fue radicado en el Congreso en septiembre pasado por Santos.
La norma tiene además un capítulo que prevé dar en cuatro años (2010-2014) a campesinos y desplazados unos 2,5 millones de hectáreas usurpadas por grupos paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes y políticos corruptos.
Una iniciativa anterior que incluía la reparación a las víctimas de crímenes cometidos por agentes estatales se cayó en el Congreso durante el Gobierno de Uribe, empeñado ahora, según varios analistas, en poner "palos en la rueda" al proyecto impulsado por Santos.
La "grieta ideológica" abierta ahora entre el presidente y su antecesor por el asunto del "conflicto armado" es solo una muestra más del distanciamiento entre ambos, ejemplificado en asuntos que van desde el manejo de la política exterior hasta la lucha contra la corrupción.
