Bogotá, (EFE). El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció hoy que su Gobierno "no acoge las medidas cautelares" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y confirmó la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
En reemplazo de Petro, elegido por voto popular para el periodo 2012-2015, y cuya destitución e inhabilitación por 15 años había sido ordenada el pasado 9 de diciembre por la Procuraduría General (Ministerio Público), el presidente nombró como alcalde encargado al ministro de Trabajo, Rafael Pardo.
"He recibido comunicación oficial del Procurador General de la Nación en la que me solicita decretar la destitución del Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, y debo proceder de conformidad con la Constitución y las leyes", dijo Santos en una alocución al país.
El presidente agregó que Petro tuvo todas las oportunidades de defenderse en los tribunales colombianos y recordó que "fueron más de 300 tutelas (recursos de amparo) que la Justicia tuvo que resolver, ante los jueces, en los tribunales y las altas cortes".
"Por todo lo anterior, y ante la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocida ayer hacia las 11 de la noche (...) el Gobierno colombiano no acoge la solicitud de medidas cautelares", manifestó el jefe de Estado.
"La Cancillería colombiana le dará respuesta detallada y oportuna a la Comisión", agregó el presidente.
Petro, exguerrillero del M-19, luchó durante cien días en los tribunales colombianos e internacionales para impedir que se hiciera efectiva la destitución ordenada por el procurador general, Alejandro Ordóñez, con el argumento de que cometió fallas gravísimas de tipo administrativo al cambiar el modelo de recolección de basuras de la capital de manos privadas a públicas.
Según Santos, "en este caso es, entonces, evidente que la Justicia colombiana no solamente ha actuado sino que lo ha hecho de manera transparente, eficaz y oportuna", con lo cual no cabe la intervención de la CIDH con las medidas cautelares anunciadas anoche desde Washington.
"El Gobierno de Colombia entiende la importancia y ha defendido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Considera, sin embargo, que el papel de dicho sistema es complementario y alternativo, por lo cual solo debe operar en el evento de que no funcione o se dé una falla en el sistema interno", manifestó el presidente.
Santos tenía un plazo de diez días para pronunciarse sobre la decisión del procurador de destituir e inhabilitar a Petro, pero después de dedicar el día de hoy a reuniones con juristas y políticos, optó por acatar el fallo del Ministerio Público.
Con esta decisión del presidente se cancelará el referendo revocatorio del mandato de Petro que había sido convocado por la autoridad electoral para el próximo 6 de abril como parte de un proceso paralelo por supuesta mala gestión.
