Bogotá, 29 sep (EFE).- El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ofreció hoy una recompensa de hasta 1.400 dólares por información que permita la captura de personas que presionan a campesinos para que desistan de reclamar tierras que les fueron arrebatadas por grupos ilegales.
"Reitero que el Gobierno combatirá cualquier amenaza" contra los reclamantes de tierras, dijo Santos a periodistas durante una reunión política en Medellín, capital del departamento de Antioquia (noroeste).
La víspera, el ministro colombiano de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, "llamó la atención nuevamente de las autoridades por las amenazas de que están siendo objeto las víctimas del despojo para que se abstengan de formular las reclamaciones o instaurar las respectivas demandas antes los jueces agrarios".
Restrepo hacía referencia a las amenazas contra campesinos del norte del país que reclaman las tierras de una finca de casi 1.200 hectáreas de propiedad de los desaparecidos hermanos Carlos y Vicente Castaño, creadores de grupos paramilitares y que actualmente está en poder de varios de sus testaferros.
"Nosotros no vamos a permitir, por ningún motivo, que este proceso de restitución de tierras sea saboteado por ninguna persona. Mucho menos por quienes pretenden quedarse con las tierras que obtuvieron en forma ilegal", acotó Santos.
Explicó que le contaron que "esta semana algunas personas se acercaron a los reclamantes y en un tono como de amenaza por un lado y de soborno por el otro querían que desistieran de la reclamación".
Detalló que los reclamantes fueron acosados por personas que les ofrecían hasta dos millones de pesos (unos 1.100 dólares) para que firmaran documentos en los que renunciaban a sus pretensiones.
"Pues voy a ofrecer dos millones y medio (unos 1.400 dólares) para cualquier persona que nos dé información suficiente que nos permita meter a la cárcel a cualquier otra persona que esté amenazando a los reclamantes que aspiran legítimamente a que les devuelvan sus tierras", señaló Santos.
Santos se propuso restituir unos 3,5 millones de hectáreas durante su mandato de cuatro años, que terminará en 2014.
