En audiencia celebrada el pasado viernes, se ordenó la cancelación de títulos fraudulentos que comprometían 15 fincas de Urabá. Se trata de la segunda restitución por vía judicial que se lleva a cabo en el país.
Pasaron varios años para que Manuel Mercado Martínez volviera a sonreír como lo hizo en la tarde del pasado viernes. Ese día, Olimpo Castaño, magistrado de Control de Garantías ante Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, ordenó cancelar varias escrituras públicas asentadas en notarías de Apartadó, San Pedro de Urabá y Montería.
En ellas figura que Francisco Mercado Castaño, padre de Manuel, y otras catorce familias más, confirieron poderes especiales a terceros para que negociaran sus predios ubicados en la vereda San Juan Tulupas, corregimiento San Pedro Mulatos, municipio de Turbo, con empresarios que terminaron siendo integrantes del Bloque Élmer Cárdenas de las Auc.
Lo que pudo constatar el Magistrado, con base en los argumentos presentados por la Subunidad de la Fiscalía General de la Nación para la Persecución de Bienes para la Restitución, es que dichas compraventas fueron hechas bajo presión y utilizando métodos fraudulentos, como la suplantación de firmas de personas que, incluso, llevaban más de quince años de fallecidas.
La decisión no sólo representó un gran alivio para las familias víctimas de un despojo sistemático sino que sienta un precedente histórico para el país. Un total de 700 hectáreas que fueron obtenidas fraudulentamente por miembros de las Auc volverán a sus legítimos dueños siendo, de paso, la restitución por vía judicial más significativa que se ha hecho hasta el momento.
Pero, ¿qué fue lo que sucedió en San Juan Tulupas, que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr) decidió presentarlo como un caso emblemático para la restitución?
El despojo
Para los “señores de la guerra”, el norte de Urabá siempre ha constituido un botín a conquistar. Municipios como Necoclí, Turbo, San Pedro y San Juan fueron vistos como corredores estratégicos de movilidad.
Así lo entendieron inicialmente las guerrillas, amos de esos feudos a principios de los años 90. Luego llegaron los paramilitares a disputarles ese poder. El 20 de junio de 1995, hombres al servicio de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso ingresaron a San Juan Tulupas diciendo que acabarían con todo rastro de insurgencia.
“Y la gente comenzó a irse. A unos los amenazaron directamente, a otros los mataron en sus propias fincas y otros sintieron que les pasaría lo mismo”, recordó Manuel. Fue así como esta vereda, habitada por más de 300 familias, se convirtió en un pueblo fantasma.
Al desplazamiento forzado se le sumó la amenaza de que no podían volver porque allí funcionaría una base de las Auc. Aparecieron entonces compradores enviados por los jefes paramilitares. Según lo documentó la Fiscalía 48 de Justicia y Paz, Guido Vargas y Benjamín Alvarado Bracamonte, este último desmovilizado del Bloque Norte de las Auc, comenzaron a contactar, entre 1996 y 2001, a cada una de las familias exiliadas.
“Nos decían que era mejor que vendiéramos”, explicó Manuel. Todos cedieron ante la presión de los compradores, quienes no vacilaron en emplear todos los mecanismos de intimidación imaginables. “Mi papá me dijo: ‘mijo, pues vendamos, qué más vamos a hacer’. Guido nos pagó hectárea a $50 mil, cuando en realidad valía más de $100 mil. Yo le dije que si necesitaba firmar algún papel y me dijo: ‘no, tranquilo que eso después lo cuadro yo”, agregó.
Así, más de 100 fincas terminaron en manos de los enviados de Mancuso y Castaño. Pero lo que fue comprado a precio de nada, fue vendido después a otro jefe paramilitar por una suma exorbitante.
Tal como lo reconoció en diligencia de versión libre rendida en 2009, Fredy Rendón, alias “el alemán”, le ordenó a dos de sus subalternos adquirir tierras para la reserva estratégica del bloque Élmer Cárdenas.
“Se venía el proceso de desmovilización y me preocupaba la suerte de los ‘muchachos’. Pedí que compraran tierras, para luego iniciar en ellas proyectos productivos”, declaró en ese entonces “el alemán”.
Efectivamente, Otoniel Segundo Hoyos Pérez y Humberto León Atehortúa, lugartenientes de “el alemán”, pagaron más de $200 millones por cerca de 700 hectáreas ubicadas en San Juan Tulapas. Ahí quedó incluida la finca “No hay como dios”, un predio de 42 hectáreas que el Incora (hoy Incoder) le había adjudicado al padre de Manuel en 1982.
En las escrituras 1562 y 1563 del 26 de diciembre de 2005, asentadas en la Notaría Única de Apartadó, quedaron certificadas las compraventas. Pero ante esa Notaría nunca se presentaron los dueños originales. Con falsos poderes y firmas suplantadas se cerró el negocio. Porfilde Galván, dueño de la finca “La Paz”, firmó la compraventa cuando para 2005 llevaba quince años de fallecido. Igual sucedió con Pedro Marín Gómez, propietario de los predios “La Esperanza” y “La Cabaña”, quien milagrosamente se levantó de su tumba para firmar una compraventa ese año.
“Mi padre, por ejemplo, aparece firmando en la Notaría (de Apartadó) una escritura en la que le vende su finca a (Humberto) Atehortúa, pero él nunca estuvo ahí, ni conoció a ese señor, ni firmó ningún papel. Le falsificaron la firma”, agregó el campesino.
Frente a las evidencias presentadas por la Fiscalía, el Magistrado sentenció que se estaba en presencia de una adquisición por métodos fraudulentos. En su decisión también ordenó cancelar las escrituras 091 del 23 de septiembre de 1995 de la Notaría Única de San Pedro de Urabá, la 054 del 14 de mayo de 1996, de esta misma Notaría y la 817 del 8 de junio de 1996, de la Notaría Tercera de Montería.
Y tras escuchar el veredicto, Manuel pensó en su padre y en su fallecido amigo David Góez. En el primero, porque siempre le dijo que sus anhelos de justicia no prevalecerían: “que dejara la cosa quieta, que me iban a matar, me decía”. Y en su amigo, porque fue asesinado el 25 de marzo en Medellín y no pudo ver el resultado de un proceso que él lideró.
Pero la felicidad no es completa para Manuel y sus paisanos. Por esas tierras, apetecidas por los ilegales, hacen presencia los llamados “urabeños”, que de seguro, defenderán a sangre y fuego lo que ellos consideran “un corredor estratégico” para sus actividades ilícitas.
