El próximo 25 de noviembre se cumplen nueve años de la desmovilización del bloque Cacique Nutibara de las Auc, el primero que se realizó en el país. A la hora de los análisis, quedan más preguntas que éxitos.
Si el objetivo del proceso de desarme, desmovilización y reinserción de los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) era consolidar un escenario de paz y reconciliación en el mediano plazo, entonces bien podría decirse que éste tiene evidentes signos de fracaso.
Así lo conceptúa Álvaro Villarraga, coordinador del área de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr), entidad que publicará en los próximos días el tercer y último informe de seguimiento al estado de la reincorporación a la vida civil de los excombatientes de las Auc en todo el país.
En él se consignan más de seis años de seguimientos, observaciones y recomendaciones a un proceso que permitió el desmonte de 37 bloques paramilitares, el desarme de más de 32 mil hombres y la entrega de 17 mil armas al Estado colombiano.
Al igual que las versiones anteriores, el documento espera aportar elementos valiosos a la opinión pública y al Gobierno Nacional sobre el futuro de la población desmovilizada.
El Informe destaca los aportes del proceso en cuanto al diseño de políticas públicas y el esclarecimiento de varias de las más dolorosas masacres perpetradas por el paramilitarismo gracias a la aplicación de la justicia transicional.
Lo anterior, según el documento, se dio a la par de graves falencias que no sólo no ayudaron a lograr la paz sino que pusieron al país frente a nuevos retos en materia de criminalidad que, de no enfrentarse a tiempo, podrían conducir al surgimiento de nuevos ciclos de violencia.
Regiones en rojo
Quizás la más protuberante falencia se vio en la recuperación por parte del Estado de los antiguos territorios ocupados por las Auc. “Si un proceso de DDR no contribuye a recuperar territorios, entonces no cumple su objetivo”, expresó Villarraga.
Según el coordinador de DDR, donde más se puede advertir dicha falencia es en Antioquia, principalmente en las subregiones de Bajo Cauca, Valle de Aburrá y Urabá antioqueño.
En esta última, por ejemplo, se conjugaron la debilidad del Estado, las pocas ofertas institucionales y los intereses de narcotraficantes y antiguos exparamilitares de consolidar un área propicia para negocios ilícitos, que dio como resultado un complejo panorama de orden público.
Prueba de ello fue el surgimiento de la banda criminal de “los urabeños”, conformada en buen número por antiguos combatientes de los bloques bananeros y Élmer Cárdenas y que hoy, según informes del Departamento de Policía Urabá, cuentan con más de 1.200 hombres bajo el mando de los hermanos Juan de Dios y Dayro Usuga David (más conocidos como “Giovanni” y “Otoniel” respectivamente).
Las autoridades de Policía también señalan que, hoy por hoy, “los urabeños” controlan toda la cadena productiva del narcotráfico desde el Golfo de Urabá hasta la Guajira y mantienen una férrea disputa por el control de las rentas legales e ilegales con otras estructuras criminales como “los rastrojos” en el Bajo Cauca, los “pamplona” en el Oriente antioqueño y alias “Sebastián” en el Valle de Aburrá.
A esta confrontación se le atribuye la escalada violenta que viven desde hace varios años localidades como Caucasia, Tarazá, Cáceres; Chigorodó, Turbo, Vegachí, Itaguï y el propio Medellín.
Según Álvaro Villarraga, este es otro de los fracasos que pueden advertirse tras seis años de reinserción: no logró desarticular el núcleo central del paramilitarismo.
“Y aquí se pueden analizar varias cosas. El grueso de las Auc se desarticuló. Un sector minoritario quiso continuar delinquiendo, empleando expresiones del paramilitarismo y hoy tienen nichos de poder.
A eso se suma que en zonas de anterior dominio de las Auc se extendió un fenómeno de redes criminales. Y ahí surge una nueva dinámica que se entremezcla con el fenómeno anterior”, agregó el coordinador de DDR.
Opiniones compartidas
Organizaciones no gubernamentales que han seguido de cerca el proceso de desmovilización, como el Instituto Popular de Capacitación (IPC), comparten las conclusiones que arroja el Informe.
Al respecto, la investigadora Diana Barajas, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de esta institución, afirma que “el proceso de reinserción tuvo éxitos individuales, pero fue un fracaso colectivo”.
“El programa de reinserción le brindó la oportunidad a una gran masa poblacional de acceder a derechos con los que normalmente no contaban. Pero el conflicto como tal no se desarticuló, simplemente se transformó”, conceptuó Barajas.
Y si bien a juicio de la investigadora el fenómeno del paramilitarismo, tal como se conoció a principios de la presente década desapareció, toda vez que está despojado del discurso político contrainsurgente, lo que muestra la reinserción, por lo menos en Medellín, fue que no desarticuló “el núcleo básico de esa estructura como fueron las bandas delincuenciales”.
“Estas nuevas expresiones del conflicto se suelen asociar más con fenómenos criminales, pero mantienen expresiones propias del paramilitarismo, como que persisten los mismos ejes de disputa como la extracción ilegal de recursos y la captura de las rentas legales”, declaró la investigadora.
Frente a las falencias señaladas en el proceso de las Auc, la pregunta obligada es si el país está preparado para afrontar una eventual desmovilización de los grupos guerrilleros. Para Álvaro Villarraga, la respuesta es sencilla, pero requiere el concurso de toda la sociedad:
“Un nuevo proceso de desmovilización tiene que enmarcarse dentro de un proceso de paz, de lo contrario, fracasará”.
El proceso en cifras
- Se desmovilizaron en los actos colectivos de dejación de armas un total 30.944 combatientes.
- Antioquia era el departamento con mayor presencia de bloques de las Auc: Cacique Nutibara, Bananero, Héroes de Granada, Noroccidente y Suroeste antioqueño; bloques Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del Bloque Central Bolívar; Mineros y Élmer Cárdenas.
- Actualmente, el Programa de Paz y Reconciliación atiende 6.502 desmovilizados.
- Según el Informe de la Cnrr, unos 2.303 desmovilizados se encuentran inactivos; es decir, no asisten a ninguno programa.
- Desde 2004 a la fecha, han fallecido 680 desmovilizados en Medellín de los cuales, 590 fueron asesinados.
Alianza con El Mundo
