Garantizar recargos dominicales y nocturnos, así como fortalecer otros derechos laborales y promover mejores modalidades de contratación son algunos de los objetivos de la reforma laboral. Sin embargo, los expertos reconocen que su implementación no está orientada a fomentar la creación de nuevos empleos.
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“Precisamente el proyecto de ley tiene como finalidad regular algunos derechos que consideran las organizaciones y algunos grupos de trabajadores como perdidos en el tiempo y generar unas ventajas de estabilidad”, indicó Daniel Arcila, docente de Derecho Laboral de la Universidad de Medellín.
Aunque la reforma ofrece avances en la protección de los derechos de los trabajadores, también representa desafíos para los empleadores. Uno de los principales riesgos es que aumente la carga para las empresas, lo que podría provocar la pérdida de entre 500 mil y un millón de empleos en Colombia y, de forma contraproducente, incremente la informalidad laboral, según gremios como Acopi.
“Hasta tanto no haya en Colombia un plan y una política estructural para la generación de empleo formal que le posibilite a los millones de personas que no tienen contratos, acceder a un contrato, no tendrá ningún sentido una reforma laboral”, señaló Rodolfo Correa, presidente de Ejecutivo Acopi.
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Tanto políticos como expertos, si bien reconocen los beneficios y limitaciones de la reforma, cuestionan si el actual contexto económico permite no solo generar empleo, sino también impulsar de manera efectiva el empleo formal.
