Bogotá, 26 nov (EFE).- La reforma del fuero militar llega mañana al Senado de Colombia para entrar en su recta final tras un largo y polémico camino en la Cámara baja, que ha estado marcado por el rechazo de numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Frente a las denuncias que apuntan a que el texto puede favorecer la impunidad en delitos cometidos por soldados y policías en el marco del conflicto, los promotores del proyecto defienden la necesidad de que éstos sean juzgados por un tribunal especializado y no por la justicia ordinaria.
El acto legislativo supondría la reforma de tres artículos (116, 152 y 221) de la Constitución colombiana y ha tenido al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, como su mayor impulsor, dispuesto a invertir cerca de 14 millones de dólares en capacitación a funcionarios y sedes para aplicar esta justicia especializada.
A su paso por la Cámara de Representantes, los más enardecidos debates se han dado en torno a definir qué delitos quedarán en manos de la justicia ordinaria y qué otros a merced de un tribunal militar en un país que acumula casi 50 años de conflicto armado interno.
El texto que llega al Senado contempla que la justicia ordinaria se haría cargo de los crímenes de lesa humanidad y de los delitos de genocidio, desaparición de personas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.
Si se aprueba el proyecto tal y como se ha configurado hasta ahora, en manos de la justicia penal militar quedarían "las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por miembros de la Fuerza Pública", según el texto.
Las Naciones Unidas y numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos, lideradas por Human Rights Watch, han manifestado su preocupación de que queden por fuera delitos como las detenciones arbitrarias u otras violaciones de los derechos civiles.
Lo especial de este proyecto de justicia militar respecto a otras legislaciones de la misma naturaleza en el mundo es que "armoniza" el derecho interno con el DIH, encargado de regular la guerra entre dos partes de un conflicto, según reveló recientemente el viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya.
Esta reforma constitucional contempla también la creación de un Tribunal de Garantías integrado por ocho magistrados, de los que cuatro serían miembros de la fuerza pública en retiro y el resto hombres de leyes.
Está previsto que este Tribunal de Garantías conozca cada caso y dirima "los conflictos de competencia que ocurran entre la jurisdicción ordinaria y la penal militar", de acuerdo al proyecto de ley.
Asimismo, impulsa el fortalecimiento del fuero militar y abre la puerta al diseño de una justicia policial, al tiempo que determina que los uniformados que sean condenados deberán pagar sus penas en centros de reclusión especiales o en sus propias unidades.
Estas disposiciones tomarán forma bajo una ley estatutaria y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, tendrá tres meses para expedir los decretos que permitan la puesta en marcha del Fondo de Defensa Técnica y Especializada, el órgano que activará el sistema y que se encargará de la capacitación, entre otras tareas.
El proyecto deberá ser aprobado por el Senado y conciliado por las dos cámaras antes del 20 de diciembre, cuando terminará la actual legislatura.
En la anterior, que culminó el pasado 20 de junio, la reforma del fuero militar no prosperó por la preocupación de algunas bancadas ante la posibilidad de que delitos como genocidio, tortura, desaparición, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violencia sexual o reclutamiento infantil quedaran impunes.
