El Gobierno expidió el decreto 1069 de junio de 2018, con el que se busca reducir los esquemas de seguridad para los expresidentes y exvicepresidentes de la República, dentro de la política de austeridad.
Este decreto deroga la norma anterior de 2010, que daba a los ex mandatarios, sus cónyuges e hijos, la posibilidad de utilizar los servicios de las instalaciones administrativas, hospitalarias, sociales y recreativas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
La medida indica que "para garantizar la integridad personal de los ex presidentes y ex vicepresidentes de la República y su cónyuge supérstite, estos contarán con un esquema de protección de carácter vitalicio, conformado por la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, que se determinará de acuerdo con los resultados del estudio de nivel de riesgo que elabore la Policía Nacional”.
