Mucho se habló en 2011 de la filtración de las pruebas Saber 11 antes de la ejecución del examen. Pero, ¿qué sucedió con las 278 instituciones educativas que presuntamente inscribieron egresados como estudiantes regulares?
El Instituto Colombiano Para la Evaluación de la Educación, Icfes, le madrugó este año a la invitación para que las instituciones educativas del país realicen prontamente la inscripción de sus estudiantes a las pruebas Saber 11 (antes Icfes).
Una medida que se toma, entre otras cosas, para evitar repetir los casos del 2011 cuando dos irregularidades pusieron la cotidiana presentación de las pruebas en la agenda noticiosa.
La primera fue la filtración de los cuadernillos antes de la prueba. Anormalidad que por fortuna no se vio reflejada en la cancelación de los resultados, dado que el público “favorecido” no representaba un porcentaje considerable.
La segunda, que pasó casi desapercibida y sobre la que el Icfes hace un llamado a las instituciones educativas del país, es acerca de la inscripción de egresados como bachilleres regulares que realizan la prueba por primera vez. Un hecho en el que se vieron involucradas 278 instituciones educativas de Colombia, según la Resolución No. (000566) de 12 de octubre del 2011 del Icfes.
“Adjunto la lista de los casos de personas que se presentaron al examen del domingo como estudiantes de un colegio habiéndose presentado en alguna de las dos aplicaciones anteriores como egresados. Por edad la mayoría parece corresponder a casos en los que registraron información falsa de que ya eran egresados en las inscripciones anteriores. Los mayores serían casos de personas adultas que los colegios inscribieron como estudiantes.
En este caso el problema también es que ya habían dicho que eran egresados...” explica el documento originado desde la Oficina Jurídica del Icfes.
Irregularidad por la que se ordenó una investigación a los “estudiantes” implicados y a las instituciones educativas que se prestaron para dicha anormalidad.
Fraude, que de comprobarse, será sancionado con la anulación de los resultados, invalidación de los mismos o inhabilidad para la presentación del examen por un período entre 1 y 5 años. Con el agravante de que contra la sentencia no procede recurso alguno.
Una práctica que se intentará evitar este año, pero que solo con la transparencia de los inscritos y las instituciones que los validan será una realidad su erradicación. De cualquier forma, el Icfes anunció que está listo para dar todas las garantías y actuar en caso de identificarse cualquier irregularidad.
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