La Corte Constitucional “regañó” ayer al gobierno y a los entes de control por las constantes fallas en la asistencia a los desplazados por la violencia en Colombia.
Tras el fuerte llamado de atención, el alto tribunal precisó que las autoridades competentes solo han atendido el 52 por ciento de los requerimientos de la corporación para garantizarle los derechos fundamentales a la población desplazada del país.
Según los registros de Acción Social de la Presidencia de la República, al 30 de septiembre pasado, el registro oficial de desplazados en el territorio nacional es de 3’821.652 personas.
A juicio del tribunal constitucional, “la orden de adecuar la atención especial” a los desplazados ante su situación de vulnerabilidad ha sido incumplida.
“Los resultados en cuanto a superación de la falencia de capacidad institucional continúan siendo muy bajos, empezando porque el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada no acogió el Plan de Fortalecimiento”, enfatizó la Corte.
Para que rindan sus cuentas sobre esta situación, la Corte Constitucional citó para hoy al director de Acción Social, así como a la fiscal Viviane Morales; el procurador Alejandro Ordóñez y la contralora Sandra Morelli.
Es de anotar que el director de Acción Social, Bruce McMaster, deberá presentar un informe sobre los desarrollos de vivienda, tierras, generación de ingresos, seguridad y prevención del desplazamiento.
En la audiencia podrán intervenir delegados de la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Seguimiento y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Al justificar su malestar, la Corte consideró necesario “indagar sobre los procesos disciplinarios, penales y de control fiscal que han sido emprendidos con el fin de determinar si presentaron fallas u omisiones en el cumplimento de las órdenes expedidas por los altos tribunales”.
[Alianza con El Mundo]
