El decreto de emergencia económica del Gobierno nacional cayó como un baldado de agua fría para las regiones. Gobernadores argumentan que esta medida limita las rentas territoriales, especialmente el impuesto al consumo de licores y cigarrillos que se destinan a la educación, la salud y el deporte. Pasando del 5 % al 19 %, los departamentos tendrían que hacer transferencias por ese 14 % de más.
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“El gobernador hizo un planteamiento la semana pasada y estuvo tocando que el departamento de Antioquia puede verse más o menos afectado en alrededor de 1.5 billones de pesos en el tema de la sola renta o de los recursos que tiene que ver con la FLA se está hablando de unos 700 mil millones de pesos”, indicó Eugenio Prieto, director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia.
Para la Gobernación de Antioquia, el decreto pone en riesgo las finanzas del departamento. Ven con preocupación que el aumento en los impuestos, como en el caso de los licores, lleve a la adulteración y a que se den mejores condiciones a los que son traídos del extranjero.
“Es otro camino de inaplicabilidad que ha venido incluso discutiendo la propia corte en diferentes oportunidades. Aquí lo más importante es cómo se garantizan los recursos de la salud y recursos de la educación y el funcionamiento y el desarrollo de las entidades territoriales que se pone en riesgo”, agregó Prieto.
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La Gobernación de Antioquia y otras 16 más esperan respuesta de la Corte Constitucional. Por el momento decidieron no acatar el decreto. Andrés Julián Rendón pidió que la corte lo escuche en audiencia con otros cinco gobernadores.
