Fue radicado en el Congreso un proyecto de ley para crear en el Código Penal el delito por ‘aplicación de biopolímeros’ e incluir en el Plan Obligatorio de Salud la atención de sus víctimas.
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El proyecto se denomina “Colombia Sin Biopolímeros” y el objetivo principal es incluir la extracción de biopolímeros en el Plan Obligatorio de Salud, para restablecer el derecho a la salud de las víctimas, a quienes se les deberá garantizar el acompañamiento psicosocial que requieran.
Los ponentes indican que el retiro de biopolímeros no se puede seguir considerando como un procedimiento quirúrgico con fines estéticos, la permanencia de esas sustancias en el cuerpo afecta la capacidad funcional y vital de las personas.
Al estar en riesgo la vida, el retiro del biopolímero es un procedimiento que se debe garantizar por el Sistema Nacional de Salud. Como lo indica el artículo 15 de la Ley 1751 de 2015, en la mayoría de los casos, las víctimas no cuentan con los recursos para costear la cirugía y están prácticamente condenadas a morir o a vivir de una manera limitada y dolorosa.
Otro de los objetivos del proyecto es tipificar la aplicación de biopolímeros como un delito en el Código Penal. El castigo implicaría de 20 a 110 meses de prisión, el pago de 100 a 200 SMLV y agravantes en la pena si es un médico el que comente el delito. Hoy en día, esta práctica se judicializa como “lesiones personales”.
“Cada año en Colombia se realizan más de 400 mil procedimientos estéticos, de los cuales 130 mil son tratamientos inyectables. Según estudios, la mayoría de víctimas (95%) son mujeres, 7 de cada 10 desconocen la sustancia que le inyectaron o manifiestan que se trataba de Biopolímeros.”, según cifras de los ponentes del proyecto, el Representante José Daniel López, el concejal Rolando González, la activista Elizabeth Loaiza y el cirujano Carlos Ríos
