A mayo de 2024, Tigo-Une cuenta con 2.904 empleados, aspecto que ha generado inquietud en el transcurso del debate y con la reciente aprobación del Concejo de Medellín para la venta de las acciones de EPM en esta compañía.
Algunos de los concejales ponentes explicaron que aunque comenzará el proceso de venta de las acciones, los empleados tienen una serie de garantías, que buscan generar estabilidad en medio del proceso.
“Lo primero que hay que decir es que los trabajadores, son de UNE y seguirán siendo de UNE; dos, que están bajo la ley laboral y tres, que se respeta lo que está en la convención colectiva, esas son las claridades que se han brindado”, indicó Janeth Hurtado, concejal de Medellín.
Para el gerente de EPM la permanencia en el mercado del negocio de las telecomunicaciones es un factor para que puedan conservarse los puestos de trabajo.
“No quiere decir que si las acciones las compran, Tigo-Une se va a acabar y no va a tener trabajadores, eso no es así, seguirán los trabajadores. ¿Qué vamos a hacer nosotros?, lo posible en conservarles las condiciones convencionales, todo lo que tienen los trabajadores que se les respeta, pues ellos siguen siendo trabajadores de una organización que también tiene su beneficio y tiene toda su reglamentación”, dijo John Maya, gerente general de EPM.
Aclaró el gerente, que en el marco de la ley 226 de 1995, que regula la enajenación de las acciones, el proceso puede tardar entre uno o dos años, tiempo en el que se puede adelantar una vigilancia de la relación que tengan los empleados con la empresa.
En contexto:
