Un decreto de calamidad pública es una medida legal que toman las autoridades para enfrentar los desastres y las graves afectaciones generadas en las comunidades por eventos naturales como terremotos, inundaciones, sequías, deslizamientos de tierra, incendios forestales o huracanes, así como eventos no intencionales, como incendios en instalaciones o contaminación masiva.
Esta decisión, tomada en Medellín por unanimidad en consejo extraordinario de gestión del riesgo, permite actuar con mayor capacidad logística y operativa.
La medida se activa luego de evaluar los daños desde múltiples frentes y analizar la vulnerabilidad de la ciudadanía.
Mientras tanto, los organismos de socorro continúan atendiendo los sectores más afectados, como Altavista y San Antonio de Prado.
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