La propuesta del ministro del Interior de llevar el salario mínimo en Colombia a $1.800.000 abrió una nueva discusión económica y social en el país. En medio de un año preelectoral y con una inflación que no ha cedido, este tema ha generado controversia.
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El incremento del costo laboral puede obligar a algunas empresas a ajustar precios finales, lo que potencialmente generaría un nuevo ciclo de inflación. Las compañías pequeñas y de una producción a menor escala, serían las más expuestas a impactos negativos, generando riesgos asociados a recortes de personal y aumento del desempleo.
“Por ende algunas empresas lo que estarían buscando es mejorar la condición de precio para poder tratar de recuperar esos costos de producción”, señaló Carlos Mario Correa, experto en economía.
“Se tiene que tomar una decisión diríamos nosotros que sobre una base de inflación del 5.20 % estimada al día de hoy con el efectivo anual, alrededor de dos básicos por encima de lo que indicaría cerca de un 7, 7.20, pero es que se está estimando un aumento cercano al 11”, dijo Óscar Manco López, doctor en Colombia.
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Para los especialistas, una decisión de este calibre debe tener en cuenta que Colombia mantiene niveles de informalidad muy altos y que un aumento fuerte sin medidas complementarias puede empujar a más trabajadores hacia esa condición, indican que esta decisión no se puede politizar.
“Este es un año electoral, es un año complejo para lo que sería el futuro de Colombia, entonces en esa línea no se puede cometer el error de mezclar esos componentes políticos con los componentes de sostenibilidad del país”, agregó Manco.
Según los expertos, la clave estará en cómo equilibrar mejoras salariales reales sin presionar la inflación y lograr un consenso entre el gobierno y los gremios.
