La Procuraduría ya anunció acciones disciplinarias a un importante número de personas, entre las que figuran funcionarios de la fuerza pública, autoridades locales, e incluso, congresistas.
Al menos 154 acciones disciplinarias inició la Procuraduría a diferentes sectores de la sociedad que estarían involucrados con acciones que deslegitimarían las jornadas de protesta.
De la totalidad de los procesos iniciados, 127 corresponden a integrantes de la fuerza pública, quienes habrían intervenido desproporcionadamente en algunos hechos surgidos en el estallido social, y que generaron afectaciones a los participantes de las protestas.
El informe también incluye a 17 funcionarios públicos de elección popular por presunto incumplimiento de deberes y extralimitaciones en sus funciones. Tres son congresistas, siete alcaldes y un Gobernador y al menos seis integrantes de concejos municipales.
Además, se habría iniciado la indagación al gerente del Hospital San Joaquín del municipio de Nariño (oriente antioqueño), tras sus reacciones en contra de los protestantes.
Por ahora la Procuraduría está centrada en los ejercicios para recaudar información sobre los hechos con funcionarios de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales.
