Bogotá, 27 ago (EFE).- La Procuraduría anunció que ha abierto un proceso disciplinario contra dos antiguos legisladores que llegaron al Congreso con apoyo de un grupo paramilitar, nexos por los que ya ambos fueron condenados a penas de prisión por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La causa implica a Odín Horacio Sánchez Montes de Oca y a Édgar Eulises Torres Murillo, a quienes la Sala Penal de la CSJ condenó a finales de julio de 2011 a nueve años de prisión por el delito de "concierto para delinquir agravado".
En un comunicado difundido en Bogotá, la Procuraduría General explicó que su titular, Alejandro Ordóñez, "formuló pliego de cargos" contra Sánchez y Torres por su presunta responsabilidad en "hechos punibles contra la administración pública".
La causa disciplinaria tiene que ver con denuncias que relacionan a Sánchez y a Torres con el "El Alemán", alias de Freddy Rendón Herrera, jefe hasta 2006 del desaparecido Bloque "Élmer Cárdenas" (BEC) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar disuelta dentro de un proceso de paz con el Gobierno.
Sánchez, del Partido de la U, y Torres, de Cambio Radical, llegaron a acuerdos con los ultraderechistas que les permitieron elegirse en 2002 y 2006 en la Cámara de Representantes, por el Chocó.
Además de ambos, los acuerdos también tuvieron alcance sobre la elección del gobernador del Chocó y de varios alcaldes del mismo departamento, según los investigadores del caso.
En el comunicado, la Procuraduría observó que "al parecer (Sánchez y Torres) mantuvieron contactos secretos" con los paramilitares, dentro del "pacto denominado 'Acuerdo de Singapur'".
"Las pruebas recaudadas refieren que los excongresistas se beneficiaron del apoyo electoral y económico que pudo otorgarles para ese entonces el grupo paramilitar en cabeza de Fredy Rendón Herrera, cuyo epicentro era la parte norte del departamento de Chocó", puntualizó el ente estatal.
Los ahora exlegisladores hacen parte de un grupo de más de setenta congresistas que fueron o son investigados por la CSJ bajo cargos relacionados con vínculos con las AUC.
Una treintena de ellos han sido condenados a penas de prisión. En el caso de los procesos de la Procuraduría General, los investigados quedan expuestos a la destitución retroactiva y a su inhabilitación para cargos públicos.
