Ante la polémica que se ha desatado por cuenta de las sanciones impuestas por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al último secretariado de las Farc por más de 21 mil secuestros en el país, así como a los exintegrantes de la fuerza pública del batallón La Popa de Valledupar, señalados de cometer falsos positivos, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, habló.
“Van a cumplir unos horarios, eso va a ser estricto y va a haber cinco sistemas de monitoreo. Se anuncian ya dos lugares en la sentencia: se habla del cementerio de Palmira y se habla del corredor ambiental Chingaza - Sumapaz. Claro, vendrán otros autos, otras decisiones, donde se va a aclarar mucho más ese tema de los lugares que se están terminando de delimitar”, explicó Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.
El artículo 60 del acuerdo de paz, firmado en 2016, establece que:
La totalidad de las sanciones impuestas, incluidos los concursos de delitos, será de ocho años. Comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, que sean necesarias para su ejecución, y además deberán garantizar la no repetición.
“Que ellos durante el tiempo del cumplimiento de la sanción van a estar todo el tiempo monitoreados, o sea, es un monitoreo 24/7, no es que estén en cualquier lugar; hay un monitoreo electrónico permanente, que lo va a hacer la Jurisdicción con acompañamiento de la misión de verificación”, agregó Ramelli.
En el marco del trabajo con las víctimas, la JEP realizó el documental denominado “La Tierra Comenzó a Hablar”, donde enmarca las excavaciones y el proceso de búsqueda de víctimas de desaparición forzada en La Escombrera, en la comuna 13 de Medellín.
