Para el sector comercio, este impuesto aprobado en la ordenanza 59 es un balde de agua fría, pues sectores como las mypimes entre restaurantes, almacenes, peluquerías, entre otros comercios deberán pagar, situación que deja preocupados a los comerciantes.
Una de las proposiciones aditivas fue establecer un tope para el sector industrial hasta 500 mil kilowatios por mes y para el sector comercial y oficial de 70 mil kilovatios al mes, lo que serían en este caso unos 50 millones mensuales aproximadamente, esto restaría al recaudo departamental unos 160 mil millones. Y aunque blindaría las grandes empresas, para las pequeñas y medianas, el impacto, aseguran los comerciantes, sería para el consumidor final.
“Todo esto se va a ver reflejado de una u otra forma en el consumidor final, ya sea perdiendo calidad, ya sea perdiendo capilaridad de la empresa, baja inversión de estas empresas, puede que algunas estén en riesgo de desaparecer, depende de la situación de cada una de estas empresas”, señaló María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia.
Los comerciantes dicen que estas medidas ahogan la economía, además les preocupa que su impacto puede incidir en la creación de empresa o inversión.
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